151 Informe de Oxfam 22 de septiembre de 2011 Tierra y poder El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras www.oxfam.org/crece Miralvalle, Valle de Polochic, Guatemala, 15 de marzo de 2011. La comunidad fue expulsada, y sus casas y cultivos destruidos. ©: Archivo de la Fundación Guillermo Toriello La nueva oleada de acuerdos sobre tierras no es la inversión en agricultura que millones de personas esperaban. Las personas más pobres son quienes más sufren cuando se intensifica la competencia por la tierra. Las investigaciones de Oxfam demuestran que la población local suele salir perdiendo frente a las élites locales y a los inversores nacionales o extranjeros, ya que carece de poder para hacer valer sus derechos y defender sus intereses eficazmente. Las empresas y los gobiernos deben adoptar urgentemente medidas para que se respete el derecho a la tierra de las personas que viven en la pobreza. Además, si se espera que las inversiones contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las personas en lugar de minarlos, las relaciones de poder entre los inversores y las comunidades locales tienen que cambiar. Resumen La inversión internacional desempeña un papel fundamental en el desarrollo y en la reducción de la pobreza. Si se gestiona de forma responsable y bajo un marco regulatorio eficaz, puede mejorar los medios de vida y crear empleo, servicios e infraestructuras. Oxfam lo ve cada día en su trabajo, y en ocasiones, colabora con algunas empresas para promover inversiones que beneficien directamente a las comunidades que sufren la pobreza. Sin embargo, los datos sobre las inversiones recientes en tierras muestran una realidad muy diferente. Reflejan que la presión sobre la tierra,, un recurso natural del que depende la seguridad alimentaria de millones de personas que viven en la pobreza, va en aumento. Demasiadas inversiones de este tipo han dado lugar a desposesiones, engaños, violaciones de los derechos humanos y destrucción de los medios de subsistencia. Si no se adoptan medidas en los ámbitos nacional e internacional para defender los derechos de las personas en situación de pobreza, esta carrera por la tierra que vivimos en estos días podría empeorar aún más la situación de demasiadas familias que viven en la pobreza, y que a menudo son expulsadas de sus tierras y apenas tienen posibilidades de recurrir a la justicia. Desde 2001, en los países en desarrollo se han vendido o arrendado hasta 227 millones de hectáreas de tierra (una superficie del tamaño de Europa Noroccidental), la mayoría a inversores internacionales. El grueso de estas adquisiciones de tierras se ha producido a lo largo de los últimos dos años, según una investigación que está llevando a cabo el Land Matrix Partnership. 1 Este reciente aumento en las adquisiciones de tierras se explica por la crisis del precio de los alimentos en 2007-08, que hizo que inversores y gobiernos prestasen de nuevo atención a la agricultura tras décadas de abandono. Pero este interés por la tierra no es algo pasajero, sino una tendencia impulsada por factores muy poderosos. Frecuentemente, los acuerdos sobre tierras están enfocados a producir para los mercados internacionales de alimentos y de biocombustibles. A muchos se los puede llamar, con acierto, “acaparamiento de tierras”. Este término se refiere a adquisiciones de tierra que cumplen que uno o más de los siguientes criterios: • Violan los derechos humanos, y en particular los derechos de las mujeres; • Desatienden el principio de consentimiento libre, previo e informado de los usuarios de la tierra afectados, en particular de los pueblos indígenas; • Ignoran los impactos en las relaciones sociales, económicas y de género, así como sobre el medio ambiente; • Evitan contratos transparentes, con compromisos claros y vinculantes sobre el empleo y la distribución de beneficios; • Eluden la planificación democrática, la supervisión independiente y la participación sustantiva.2 2 Este informe revisa en detalle cinco casos de acaparamiento de tierras en Uganda, Indonesia, Guatemala, Honduras y Sudán del Sur. El informe trata de comprender el impacto del acaparamiento de tierras sobre las personas que viven en la pobreza y sus comunidades, así como identificar los factores subyacentes en las compañías, las comunidades locales y los gobiernos receptores, y examinar el papel que desempeñan los inversores internacionales y los gobiernos de origen. Algunos casos narran la historia de expulsiones forzosas (y a menudo violentas) de más de 20.000 personas de sus tierras y hogares, y la destrucción de sus cultivos. Otros hablan de cómo comunidades han sido perjudicadas a través de la exclusión por decisiones que afectan a la tierra de la que dependen. En ninguno de los casos se han respetado los derechos legales de las personas afectadas por el acaparamiento de tierras. Donde ya se han producido los desalojos el panorama es desolador: conflictos y pérdida de la seguridad alimentaria, de los medios de vida, de los hogares y del futuro. La mayoría de las personas afectadas han recibido una compensación escasa o nula, y les ha costado mucho volver a reconstruir sus vidas, a menudo teniendo que hacer frente a unos alquileres más altos, menos oportunidades de trabajo y mayores riesgos para su salud. Lamentablemente, estos datos coinciden con los de muchos otros estudios recientes sobre el acaparamiento de tierras. Se trata del desarrollo al revés. Donde hay escasez existe una oportunidad. Muchos gobiernos y élites de los países en desarrollo están ofreciendo grandes extensiones de tierra a precios regalados para la agricultura industrial a gran escala. Este es un pésimo punto de partida para el cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel intergubernamental - desde la Iniciativa de L’Aquila sobre Seguridad Alimentaria hasta el Programa Amplio para el Desarrollo Agrícola en África (CAADP), que subrayan la importancia de apoyar el papel esencial que desempeñan los pequeños agricultores, en especial las mujeres.3 En lugar de recibir este apoyo que necesitan desesperadamente, los pequeños agricultores y agricultoras corren el riesgo de verse perjudicados por el tipo de acuerdos sobre tierras que se analizan en este informe. Un aumento del interés en la tierra de cultivo debería ser una buena noticia para los agricultores y agricultoras a pequeña escala, los pastores y otras personas con derechos sobre la tierra. Sin embargo, parece que está sucediendo lo contrario. Las personas con derechos sobre la tierra están siendo perjudicadas frente a las élites locales y a los inversores nacionales o extranjeros, pues carecen de poder para hacer valer sus derechos y defender sus intereses eficazmente. Para mejorar la situación de estas personas, los gobiernos deben garantizar que las transacciones de tierra no se realicen sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Los gobiernos nacionales están obligados a proteger los derechos e intereses de las comunidades locales y de las personas, pero en los casos que aquí se presentan no lo han hecho. En su lugar, los gobiernos parecen haberse alineado con los inversores, atrayéndolos con precios bajos y otros incentivos, e incluso ayudándolos a vaciar las tierras de sus pobladores. 3 Incluso en los casos en que están involucrados inversores internacionales o empresas de adquisición con políticas responsables, sus decisiones sobre inversiones y adquisiciones no parecen haber estado orientadas por estándares y normas. Si bien las comunidades locales podrían presentar recursos por medio de algún mecanismo de reclamación, éstos se están infrautilizando. Parece que existen otras iniciativas que retribuyen el acaparamiento de tierras. En general, la respuesta de la comunidad internacional a esta oleada devastadora de acaparamiento de tierras ha sido débil. Los gobiernos de origen y receptores, los inversores y las compañías de adquisición, la comunidad internacional y grupos de la sociedad civil, todos tienen un papel que desempeñar. Deben abordar las violaciones de los derechos humanos a todos los niveles, orientar las inversiones hacia el interés público y dar respuesta a una de las tendencias más preocupantes que enfrentan hoy en día las poblaciones rurales en los países en desarrollo. Recomendaciones: Justicia para los casos que aquí se presentan: • Las quejas de las comunidades afectadas por los casos aquí analizados deben resolverse. Deben respetarse los derechos de las comunidades afectadas por estos acuerdos y atender sus reclamaciones, y quienes obtienen beneficios con los acuerdos internacionales deben contribuir a garantizar que esto suceda. Aquéllos que financian la inversión o adquieren las tierras, así como las empresas situadas por debajo en la cadena de valor, deben utilizar su influencia para garantizar que esto sea así. Gobiernos: • El equilibrio de poder debe inclinarse a favor de las poblaciones locales y las comunidades con derechos sobre la tierra. Los gobiernos deben adoptar estrictos estándares internacionales sobre la gobernanza de la propiedad de la tierra y la gestión de los recursos naturales. Gobiernos que aceptan inversiones: • Los gobiernos receptores deben respetar y proteger todos los derechos existentes sobre la tierra y garantizar que se aplique el principio de consentimiento libre, previo e informado, así como que las mujeres dispongan de los mismos derechos de acceso y control sobre la tierra. Inversores: • Los inversores deberían respetar todos los derechos existentes sobre el uso de la tierra. Deberían asegurarse de que en todos los acuerdos se aplique el principio de consentimiento libre, previo e informado, así como buscar alternativas a la pérdida de derechos sobre la tierra por parte de los pequeños productores y productoras de alimentos. Deberían guiarse por evaluaciones adecuadas del impacto social y ambiental (incluyendo el uso del agua) y abordar los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria. 4 Entidades financieras y compradoras • Las entidades financieras y compradoras deberían asumir su total responsabilidad en la cadena de suministro. Deberían exigir a todas las operaciones agrícolas que financian o utilizan como proveedores que respeten los principios mencionados anteriormente y corregir los problemas existentes. Gobiernos de los países de origen • Los gobiernos de los países de origen deberían exigir a las compañías que invierten en el extranjero lo siguiente: hacer públicas todas sus actividades y garantizar que se apliquen estándares y salvaguardas para proteger a los pequeños productores y productoras de alimentos y a las poblaciones locales, incluyendo en los proyectos financiados por organizaciones financieras de desarrollo como la rama de préstamos privados del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional. Deberían eliminar de la legislación nacional las medidas que fomentan las adquisiciones de tierra a gran escala imprudentes, entre ellas los mandatos sobre biocombustibles, evitando además introducir nuevas medidas de este tipo. Ciudadanía: • La ciudadanía puede exigir responsabilidades a los inversores y empresas a través de las urnas, y de sus decisiones de consumo, así como con sus fondos de pensiones e inversiones. • Las organizaciones de la sociedad civil, junto con los medios de comunicación y los institutos de investigación, pueden hacer uso de los mecanismos de rendición de cuentas, mostrar las malas prácticas, reconocer las buenas prácticas y contribuir a una mayor transparencia. 5 1 Adquisición de tierras: Tendencias y factores Introducción La inversión internacional desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la reducción de la pobreza. Si se gestiona de forma responsable y a través de un marco regulatorio eficaz, la inversión puede mejorar los medios de vida y crear empleo, servicios e infraestructuras. Oxfam lo ve cada día en su trabajo, y en ocasiones colabora con empresas para promover inversiones que benefician directamente a las comunidades que sufren la pobreza.4 Los últimos datos sobre inversión en tierras son muy diferentes. Reflejan que la presión sobre la tierra, un recurso natural del que depende la seguridad alimentaria de millones de personas que viven en la pobreza, continúa en aumento. Demasiadas inversiones han dado lugar a desposesión, engaño, violaciones de los derechos humanos y destrucción de los medios de subsistencia. Si no se adoptan medidas nacional e internacionalmente para defender los derechos de las personas que viven en la pobreza, la actual carrera por la tierra podría empeorar aún más la situación de demasiadas familias que viven en la pobreza, que a menudo son expulsadas de sus tierras y que apenas tienen posibilidades de recurrir a la justicia. Adquisiciones de tierra en aumento Las investigaciones preliminares de Land Matrix Partnership,6 indican que desde 2001 han sido vendidas, arrendadas, cedidas bajo permisos o están siendo negociadas 227 millones de hectáreas de terreno a través de acuerdos sobre tierras a gran escala, la mayor parte desde 2008 y a inversores internacionales. Saber exactamente cuánta tierra ha cambiado de manos resulta increíblemente difícil debido a la falta de transparencia y al secretismo que suelen rodear los acuerdos. Las cifras del Partnership se han obtenido a partir de una serie de fuentes, entre ellas informes del gobierno, investigaciones académicas, sitios web de las empresas, informes de los medios y los escasos contratos que están disponibles al público. Hasta ahora, el Partnership ha verificado 1.100 de esos acuerdos, que ascienden a 67 millones de hectáreas. La mitad de las tierras, que ocupan una superficie del tamaño de Alemania, está en África. Aproximadamente el 70 por ciento del número total de acuerdos verificados son de agricultura.7 Aunque el trabajo de verificación de todos los datos aún no ha concluido, está claro que la escala del fenómeno es mucho mayor de lo que se pensaba en un principio.8 Tal y como se analiza en este informe, el interés cada vez mayor por adquirir tierras de cultivo está impulsado por factores muy poderodos, y provoca graves consecuencias sobre quienes hacen uso de la tierra El Banco Mundial aparece profundamente dividido. Mientras que el informe avala la agenda de globalización del Banco, el texto disiente en cada página. El diario británico The Telegraph tras revisar el informe del Banco Mundial, ‘Rising Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Quitable Benefits?’.5 6 y tienen derechos sobre ella. Algunas de las adquisiciones adoptan la forma de “acaparamiento de tierras”, tal y como ha sido recientemente definido por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC en sus siglas en inglés) (ver el Cuadro 1: Declaración de Tirana). Sin duda alguna, es el caso de los cinco estudios de caso que se analizan más adelante. El riesgo de NO invertir en África: perder las mayores oportunidades de crecimiento y beneficios. Susan Payne, CEO,Emergent – EM Vest, Cumbre sobre Seguridad Alimentaria, Ciudad del Cabo, Mayo de 2022.9 Aunque en un principio la emergencia de estas adquisiciones de tierra a gran escala se describió en términos neutrales o incluso entusiastas por parte de los organismos intergubernamentales, entre ellos el Banco Mundial y varias agencias de las Naciones Unidas, el tono se ha vuelto cada vez más escéptico, e incluso crítico. Existe un temor creciente a que esta nueva oleada de inversiones cause más perjuicios que beneficios si no se detiene el acaparamiento de tierras. Hay muy pocos ejemplos documentados en los que la adquisición de tierras haya generado un impacto positivo para la comunidad local. Sin embargo existen muchos ejemplos en los medios de comunicación, las universidades, la sociedad civil y los organismos intergubernamentales que muestran acuerdos sobre tierras que no han sido beneficiosos, y que han destruido los medios de vida y socavado los derechos humanos. Ahora, los investigadores están desafiando públicamente a los inversores para que les muestren acuerdos sobre tierras que hayan favorecido a las personas que viven en la pobreza y al desarrollo, con el fin de poder documentarlos.10 En su reciente informe sobre tierras para el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE/FSN) concluía lo siguiente: Muchas inversiones [...] no han respondido a las expectativas, y en lugar de generar beneficios sostenibles han contribuido a la pérdida de bienes y han dejado a las personas locales peor de lo que estarían sin esa inversión. De hecho, aunque se ha hecho un esfuerzo por cubrir un amplio espectro de situaciones, los estudios de caso confirman que en muchas ocasiones los beneficios fueron menores de lo esperado o no se materializaron en absoluto. Banco Mundial (2011) “Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? 11 “Se reconoce de forma generalizada que es necesaria una mayor inversión en agricultura para incrementar las cosechas, como un medio para mejorar la seguridad alimentaria en muchas partes del mundo. ¿Puede servir esta clase de inversiones internacionales en tierras para mejorar la productividad agrícola y los medios de vida rurales? Hasta ahora, las pruebas de esta carrera por la tierra muestran muy pocos casos de este tipo. Más bien, la inversión en tierras a gran escala está dañando la seguridad alimentaria, los ingresos, los medios de vida y el medio ambiente de las personas locales.”12 Dado el papel central que desempeña la tierra en la seguridad alimentaria, los medios de vida y la reducción de la pobreza en general, existen motivos más que suficientes para la preocupación. Cuadro 1: La Declaración de Tirana La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) consta de 116 organizaciones, desde grupos comunitarios hasta Oxfam y el Banco Mundial. En su Asamblea en Tirana, Albania, el 26 de mayo de 2011, la ILC denunció y definió el acaparamiento de tierras: Denunciamos todas las formas de acaparamiento de tierras, ya sea internacional o nacional. Denunciamos el acaparamiento de tierras en el ámbito local, en particular por parte de las poderosas élites locales, dentro de la comunidad o entre miembros de la familia. Denunciamos un acaparamiento de tierras a gran escala, que se ha acelerado enormemente a lo largo de los últimos tres años, y que definimos como aquellas adquisiciones o concesiones que incluyen uno o más de los siguientes rasgos: 7 (i) Violan los derechos humanos, en particular la igualdad de derechos de las mujeres; (ii) No se basan en el consentimiento libre, previo e informado de los usuarios de la tierra afectados; (iii) No se basan en una evaluación exhaustiva, o no tienen en cuenta los impactos sociales, económicos y ambientales, incluyendo la dimensión de género; (iv) No se basan en contratos transparentes que especifiquen compromisos claros y vinculantes sobre las actividades, el empleo y la distribución de beneficios; (v) No se basan en una planificación democrática eficaz, una supervisión independiente y una participación significativa. Fuente: Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) (2011) ‘Declaración de Tirana: Asegurar el acceso a la tierra para los pobres en tiempos de competencia intensificada por los recursos naturales’, http://www.landcoalition.org/es/about-us/aom2011/tirana-declaration-sp, (última visita en julio de 2011) Las nuevas presiones sobre la tierra La actual oleada de acuerdos sobre tierras no es esencialmente diferente a las anteriores luchas por la tierra. Lo que es diferente es la escala y la velocidad a la que se está produciendo. Esto puede explicarse por la crisis del precio de los alimentos de 2007-08, que hizo que inversores y gobiernos volviesen a prestar atención a la agricultura tras décadas de abandono, y a los primeros síntomas de la crisis financiera mundial, que impulsaron a los inversores a buscar nuevas oportunidades. Muchos consideraron la tierra y la agricultura como una apuesta segura.13 Hoy en día, no parece que este gran interés por la tierra vaya a desaparecer. Por el contrario, se intensificará, ya que no es probable el incremento en la demanda vaya a satisfacerse con una expansión del área en producción. Existen muchos factores determinantes que impulsan la presión actual, y la tierra, donde quiera que esté, será un bien preciado. Uno de estos factores es la población mundial, que se prevé que crezca desde 7.000 millones de personas en 2011 hasta 9.000 millones en 2050. Otro determinante importante es la economía mundial, cuyo tamaño está previsto que se triplique para 2050, con una mayor demanda de recursos naturales y agrícolas, que son cada vez más escasos.15 En todo el mundo, las dietas están cambiando hacia productos más intensivos en tierras, como las proteínas animales (carne, lácteos, huevos y pescado) y los alimentos precocinados.16 El aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más consumido del mundo, y está presente hasta en la mitad de los alimentos preparados y los productos de higiene que encontramos en las estanterías de los supermercados.17 Se espera que su producción se duplique para 2050, incrementando la superficie agrícola en cultivo en todo el mundo hasta alcanzar los 24 millones de hectáreas, seis veces el tamaño de Holanda.18 El enorme incremento en la demanda de alimentos deberá cubrirse con unos recursos de tierra que cada vez están sometidos a mayor presión debido al cambio climático, la escasez de agua y otras 8 La tierra de cultivo va a ser una de las mejores inversiones de nuestro tiempo. Jim Rogers, Inversor.14 limitaciones de recursos, y agotados por la producción de biocombustibles, la captación de carbono y conservación de bosques, la producción de madera y los cultivos no alimentarios. El agua, elemento vital para la agricultura, es ya más escasa que la tierra y otro factor que impulsa las inversiones en tierra. Casi 3.000 millones de personas viven en zonas donde la demanda de agua supera a la oferta.19 En el año 2000, 500 millones de personas vivían en países con escasez crónica de agua; para 2050 la cifra habrá aumentado a más de 4.000 millones.20 Para 2030, se prevé que la demanda de agua se incremente en un 30 por ciento.21 El cultivo de productos agrícolas no alimentarios también se está expandiendo, desde los bienes tradicionales como textiles, madera y papel, hasta productos modernos como biocombustibles y “bioplásticos” para hacer frente al cambio climático y al inevitable agotamiento de los combustibles fósiles. Mandatos tales como el objetivo de la UE de que en 2020 el 10 por ciento de los combustibles para el transporte proceda de fuentes renovables aumentan la presión sobre la tierra para producir biocombustibles, siendo ésta una de las principales causas del encarecimiento de los alimentos y la inseguridad alimentaria.22 La escasez de tierra y la volatilidad de los precios de los alimentos en el mercado internacional han llevado a los países ricos que dependen de las importaciones de alimentos a adquirir grandes superficies de tierra en otros lugares para producir alimentos con los que satisfacer sus necesidades nacionales. Mientras que algunos inversores podrían alegar cierta experiencia en producción agrícola, muchos pueden estar comprando tierras únicamente con fines especulativos, anticipándose a un aumento de los precios en los próximos años (lo que se conoce como “bancarización de la tierra”). El análisis realizado por el Banco Mundial en 2011 sobre 56 millones de hectáreas relacionadas con acuerdos a gran escala concluyó que no se había hecho nada con el 80 por ciento de la tierra, lo que sugiere que una cantidad considerable de tierra está siendo “bancarizada”.23 Mientras todo esto ocurre, la proporción de tierra disponible para la agricultura en el mundo ha alcanzado su pico máximo.24 De hecho, actualmente se está reduciendo, a medida que se pierde superficie agrícola por la urbanización y la degradación del suelo.25 9 Cuadro 2: Mitos sobre la tierra Mito: Existe mucha tierra sin utilizar esperando a ser explotada Las bases de datos estadísticas y las imágenes de satélite han llevado a investigadores e inversores a hacer afirmaciones sobre la gran disponibilidad de tierra “ociosa”. En 2010 el Banco Mundial, por ejemplo, citó investigaciones que concluían que hay 445 millones de hectáreas de tierra con potencial agrícola que no se están utilizando y están disponibles; se trata de tierras sin cobertura forestal, sin protección y con una densidad 2 de población inferior a 25 personas/km (o 20 hectáreas/hogar). Sin embargo, estos datos macro tienen escaso valor a menos que se confirmen en el terreno. Las imágenes de satélite no muestran cómo se utiliza la tierra para la rotación de cultivos, el pastoreo, la caza y la recolección, ni otros usos esenciales de las tierras “ociosas”. El Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición afirmó que “apenas existen tierras valiosas que, o bien no estén siendo ya utilizadas de alguna forma, o bien no estén proporcionando un servicio ambiental importante. Por tanto, cualquier adquisición de tierra considerada “disponible” tendrá algún coste, ya sea sobre los usuarios actuales de la tierra o sobre sus servicios ambientales”. En muchos lugares, la verdadera limitación para la agricultura es el agua, no la tierra. Una investigación de by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sobre acuerdos de tierras a gran escala en la Oficina de Mali en la región de Níger mostró que durante la estación seca no hay agua sin utilizar. El agua que se necesitará en los nuevos proyectos de riego planificados se obtendrá a expensas de los agricultores y agricultoras tradicionales de Mali, así como de las aguas río abajo, en Níger y Nigeria. Del mismo modo, Lester Brown ha señalado que los nuevos acuerdos sobre tierras a gran escala en Etiopía y el Sudán del Sur afectarán al flujo del río aguas abajo, es decir a Egipto, que depende del Nilo. Fuentes: Banco Mundial (2010) ‘Rising Global interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?’; Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (2011) ‘Land tenure and international investments in agriculture’, Roma: Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Informe HLPE 2, Julio de 2011; Johannes Baumgart (2011) ‘Assessing the contractual arrangements for large-scale land acquisitions in Mali with special attention to water rights’, Berlin: GIZ; Lester Brown (2011) ‘When the Nile runs dry’,The New York Times, 1 de junio, http://www.nytimes.com/2011/06/02/opinion/02Brown.html?_r=2&partner=rssnyt&emc=rss (última visita en julio de 2011) Mito: La reforma agraria no funciona. La ideología y la política sostienen la noción ampliamente aceptada de que la reforma agraria no funciona. Sin embargo hay ejemplos de éxito, entre ellos los de Indonesia, Malasia, Tailandia y China. Sus sectores agrícolas se basan fundamentalmente en las pequeñas explotaciones agrícolas gestionadas por familias. En el caso de China, a través de la reforma agraria se crearon estructuras agrarias basadas en la pequeña propiedad. En el caso de Tailandia, una legislación del siglo XIX establece un límite de cuatro hectáreas para la tierra agrícola que se puede adquirir libremente, limitando así la emergencia de grandes propiedades. Japón llevó a cabo una exitosa y completa reforma agraria que además incluía techos estrictos para la propiedad de la tierra. Fuentes: Rogier van den Brink, Hans Binswanger, John Bruxe, Frank Byamugisha y Glen Thomas (2006) ‘Consensus, Confusion, and Controversy: Selected Land Reform Issues in subSaharan Africa’, Banco Mundial Working Papers no 71, Washington, D.C.: Banco Mundial; Ha Joon Chang (2009) ‘Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, distant and recent’, Journal of Peasant Studies, 36(3): 477-515. 10 La seguridad sobre la tierra significa seguridad alimentaria La historia advierte de que cualquier cambio en las relaciones respecto a la tierra probablemente se verá afectado por la discriminación sistémica de género, y no existen razones a priori para asumir que estos cambios [inducidos por las nuevas presiones comerciales sobre la tierra] vayan a ser diferentes. Elizabeth Daley (2011) “Gendered Impacts of comercial pressures on land”, ILC/CIRAD/Mokoro26 El acceso a la tierra resulta decisivo para los pequeños productores y productoras de alimentos. No tenerla los convierte en “trabajadores agrícolas sin tierra”. Muchos pequeños propietarios temen perderla y convertirse en campesinos sin tierra, porque implicaría perder la seguridad alimentaria y las oportunidades de desarrollo. Los grupos más marginados de la sociedad son los más susceptibles de sufrir el acaparamiento de tierras, y por eso, este es un asunto crucial para los derechos humanos y la reducción de la pobreza. La tierra no sólo es un importante activo productivo. Incluso para las familias que han dejado de vivir directamente de ella, la tierra suele servir como una importante red de seguridad a la que recurrir cuando fallan otras actividades económicas o cuando la economía no ofrece otras oportunidades. Además la tierra tiene muchos otros (así llamados) usos secundarios, vitales para la seguridad de los medios de vida familiares. Puede proporcionar forraje, nueces, frutos, raíces, hierbas medicinales y aromáticas, tintes, cuerdas, madera y materiales para construir techos y cercas. Muchos de estos recursos están disponibles en las tierras comunales, y suelen ser especialmente importantes para las mujeres. La tierra también proporciona un espacio para acontecimientos sociales, culturales, espirituales y ceremoniales, y como tal resulta esencial para mantener la identidad y el bienestar de una comunidad y de sus miembros. Numerosos investigadores han demostrado que el acceso seguro a la tierra o la propiedad sobre ella están asociados a reducciones significativas del hambre y la pobreza.27 Esto se traduce desde el nivel micro al macro, como demostró el análisis del Banco Mundial acerca de las políticas sobre la tierra en 73 países entre 1960 y 2000. Los países que comenzaron con una distribución más equitativa de la tierra lograron tasas de crecimiento entre dos y tres veces superiores a los que tenían una distribución inicial de la tierra más desigual.28 Sin embargo, la equidad en el acceso y control sobre la tierra no ocupa un lugar preponderante en la agenda de quienes definen las políticas nacionales e internacionales. Para las mujeres en todo el mundo, la falta de acceso y control sobre la tierra es un factor determinante (y también un resultado) de la desigualdad de género. En Guatemala, por ejemplo, el 8 por ciento de los agricultores posee el 78 por ciento de la tierra en producción; de los pequeños propietarios que controlan la tierra restante, sólo un 8 por ciento son mujeres.29 En las áreas rurales, la falta de acceso a la tierra obliga a muchas mujeres a vender su fuerza de trabajo en explotaciones que producen cultivos comerciales, donde les pagan menos que a los hombres. Las trabajadoras agrícolas además pueden sufrir violencia y acoso sexual, discriminación y devaluación de su trabajo. Las mujeres que viven en zonas rurales a menudo terminan soportando la doble carga de abastecer y cuidar del hogar cuando los hombres emigran en busca de empleo, otra consecuencia de la escasez de tierra.30 Desde que comenzó la reforma agraria en la década de 1970, el Estado nunca nos ha tomado en cuenta a las mujeres. Resulta muy duro no tener acceso a la tierra, ni siquiera a cultivar un árbol de banano. No poder tener tierra, una casa, es una carga pesada para nosotras las mujeres. Nos hemos dado cuenta, y hemos decidido luchar por nuestro acceso a la tierra. Fernanda Rodríguez, 40 años, Bajo Aguán, Honduras. 11 Las mujeres también salen desproporcionadamente peor paradas en los conflictos por la tierra, donde se enfrentan a numerosos desafíos.31 A una legislación discriminatoria se suma del sexismo de quienes la aplican, y las mujeres no suelen tener muchas oportunidades de participar en los procesos de toma de decisiones en torno a nuevas leyes, proyectos o contratos. Además, ellas suelen tener menores ingresos (en efectivo) que los hombres, lo que reduce su capacidad de comprar tierra cuando ésta está disponible. Por si fuera poco, la violencia de género suele ser un denominador común en los conflictos por la tierra. Los datos obtenidos por las investigaciones sobre el acaparamiento de tierras en África sugieren que las mujeres reciben un trato injusto.32 Para empezar, los derechos sobre la tierra de las mujeres son más inseguros y por lo tanto se convierten en un objetivo más fácil. Además, las mujeres dependen más de los usos secundarios de la tierra, que se suelen ignorar en las adquisiciones a gran escala. Por otro lado, aunque las mujeres suponen la mayoría de los productores, son los hombres quienes en la práctica controlan la tierra y los ingresos que obtienen de ella, a pesar de que sean fruto del trabajo de la mujer. De hecho, una nueva oportunidad comercial a menudo implica que los hombres asuman el control de la tierra a expensas del acceso de las mujeres. Así, es probable que las nuevas fuentes de ingresos basadas en la tierra supongan una carga para las mujeres y por el contrario beneficien a los hombres. También es probable que la reciente competencia por la tierra entre biocombustibles y cultivos alimentarios, que está causando una menor disponibilidad de alimentos y un aumento de los precios, afecte más a las mujeres que sobre a los hombres, ya que ellas suelen ser las responsables de alimentar a la familia.33 Cuadro 3: Mitos acerca de los acuerdos sobre tierras Mito: Los nuevos proyectos se centran en las tierras marginales. Pese a afirmar lo contrario, los inversores buscan las mejores tierras. Para facilitar la rentabilidad y viabilidad de sus negocios, buscan tierras con acceso al agua, suelos fértiles, infraestructura y proximidad a los mercados. Este mapa compara la ubicación de las nuevas concesiones agrícolas a gran escala (puntos negros) con la densidad de población (las zonas en gris oscuro indican zonas más densamente pobladas) en la provincia de Luang Prabang, en Laos. Los proyectos a gran escala tienden a situarse donde 12 vive la mayoría de la gente. Un análisis posterior ha mostrado que son además los lugares con tasas de pobreza relativamente menores, y donde la tierra ya era utilizada para la producción de alimentos – en lugar de tratarse de tierras baldías, sin uso, marginales y en regiones pobres. Fuente: Universidad de Berna, Suiza, Centre for Development and Environment (CDE). Mito: Los proyectos contribuirán a la seguridad alimentaria y energética Las investigaciones de Oxfam en Etiopía, Ghana, Mali, Mozambique, Senegal y Tanzania revelaron que la mayoría de los acuerdos sobre la tierra con fines agrícolas en África son para producir materias primas para la exportación, entre ellas biocombustibles y flores. En Mozambique, donde aproximadamente el 35 por ciento de las familias sufren inseguridad alimentaria crónica, apenas 32.000 hectáreas de las 433.000 aprobadas para inversiones agrícolas entre 2007 y 2009 eran para producir alimentos. Las cláusulas contractuales que permiten la exportación sin restricciones, junto a la pérdida por parte de los pequeños productores y productoras de alimentos de su principal activo para producir, pueden empeorar mucho la seguridad alimentaria en lugar de mejorarla. Por otro lado, los intereses a corto plazo de los inversores pueden hacerles caer en la tentación de utilizar prácticas de cultivo insostenibles, afectando a la producción agrícola a largo plazo. Las investigaciones también demuestran que los costes actuales de producción de biocombustibles resultan prohibitivos para los países africanos, lo cual significa que las materias primas tienen que exportarse a los mercados estadounidense o europeo para ser económicamente viables. Fuentes: Tinyade Kachika (2010) ‘Land-grabbing in Africa: A Review of the Impacts and the Possible Policy Responses’, Oxford: Programa Pan Africano de Oxfam Internacional. Mito: Los proyectos crearán empleo A pesar de haberse promocionado como un beneficio clave de la adquisición de tierras a gran escala, la generación de empleo local no aparece en los requisitos de los contratos, y rara vez se materializa en la práctica. Aunque son difíciles de cuantificar debido a la falta de seguimiento, parece que los puestos de trabajo son escasos, de corta duración (hasta que finaliza la fase de plantación o el proyecto se orienta hacia una mayor mecanización), estacionales y mal pagados. Encuestas y análisis de las inversiones agrícolas en África Occidental demuestran que se crearon muy pocos puestos de trabajo para la población local, mientras que los pastores y las mujeres, quienes dependen de la tierra, los árboles y el agua de las áreas comunales para sus actividades económicas, estaban sufriendo como resultado de su acceso restringido a estos recursos. Fuentes: Lorenzo Cotula (2011) ‘Land Deals in Africa: What is in the contracts?’ London: Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo; Thea Hilhorst, Joost Nelen, Nata Traoré (2011) ‘Agrarian change below the radar screen: Rising farmland acquisitions by domestic investors in West Africa: Results from a survey in Benin, Burkina Faso and Niger’, informe presentado en la ‘International Conference on Global Land-grabbing’, University of Sussex, 6-8 de abril de 2011. Mito: Los proyectos generarán ingresos por los impuestos En su carrera por las inversiones financieras, los gobiernos receptores tienden a renunciar a sus beneficios ofreciendo incentivos fiscales. En 2008 el Gobierno de Pakistán ofreció “exenciones fiscales, importación de equipamiento libre de impuestos y el 100 por cien de la propiedad de la tierra en zonas especialmente exoneradas en sus sectores agrícola, ganadero y lácteo”, en un intento por atraer a inversores extranjeros. Los impuestos normalmente se pagan sólo cuando el proyecto de inversión empieza a ser rentable. Incluso aunque el gobierno receptor no haya renunciado a sus beneficios fiscales, suele carecer de la capacidad o la 13 voluntad política para regular y dar seguimiento a las inversiones, hacer cumplir los términos de los contratos o recaudar impuestos. Investigaciones realizadas en África por el Banco Mundial, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED por sus siglas en inglés) y Oxfam averiguaron que los impuestos rara vez se recaudan. Fuentes: Cotula (2011) op. cit; Kachika (2010) op. cit; Banco Mundial (2010) op.cit ¿Oportunidad o riesgo? Los inversores extranjeros pueden obtener fácilmente, casi gratis, miles de hectáreas, mientras que si nosotros, los productores y productoras a pequeña escala kenianos, queremos ampliar nuestra superficie en producción, es imposible. ¿Qué está fallando aquí? Stephen Muchiri, Kenya, Director ejecutivo de la Federación de Agricultores de África del Este. No sólo es el “lado de la demanda” de las inversiones extranjeras lo que está impulsando la codicia por la tierra. Las empresas nacionales también están promocionando las oportunidades que representa la adquisición de tierras para la población local. Las agencias promotoras de inversiones están trabajando activamente para situar la tierra de cultivo en el mercado internacional, actuando en nombre de los gobiernos, que sienten la presión de catalizar el desarrollo económico y mejorar la balanza de pagos.34 También existe una motivación personal para muchos de ellos: el Barómetro Mundial sobre Corrupción de Transparencia Internacional dio a conocer que el 15 por ciento de las personas que trataron con los servicios de administración de la tierra tuvieron que pagar sobornos.35 Algunos gobiernos, especialmente en África, se arriesgan a competir en una “carrera a la baja” para atraer a los inversores.36 Entre los incentivos que se ofrecen están la importación libre de impuestos de bienes de capital usados para los proyectos, la ausencia de restricciones en el uso de la tierra para cultivos o fines particulares (por ejemplo, para la exportación) y el permiso de utilizar fuentes de agua subterránea de forma gratuita.37 Se trata de un pésimo punto de partida para el cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel intergubernamental (desde la Iniciativa de L’Aquila sobre Seguridad Alimentaria hasta el Programa Amplio para el Desarrollo Agrícola en África (CAADP)) que destacan la necesidad de apoyar el papel clave que desempeña la agricultura a pequeña escala, en especial las mujeres.38 De hecho, está claro que los pequeños productores, especialmente las mujeres, pueden desempeñar un papel clave en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Pero para ello se necesitan inversiones en infraestructura, mercados, procesamiento, almacenamiento, extensión e investigación. Sin embargo, estas adquisiciones de tierra a gran escala apenas hacen nada por cubrir sus necesidades. La sabiduría de los pequeños productores en lo relacionado con la tierra, el trabajo y el conocimiento local supone un potencial sin explotar, y encajaría muy bien con el capital, la tecnología y el acceso a mercados que ofrecen los inversores. Por ejemplo, la agricultura de contrato, que consiste en contratos de abastecimiento previamente acordados entre los agricultores y las empresas compradoras, puede permitir a los productores acceder a los mercados y aumentar la estabilidad de sus ingresos.39 Sin embargo, en la actual carrera por la tierra los activos de los pequeños productores y productoras se suelen ignorar, y sus derechos e intereses se no se respetan. Para que el creciente interés por la agricultura sea una oportunidad en lugar de un riesgo para la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, se necesita que suceda lo siguiente: 14 • Se debe facilitar que los pequeños productores y productoras de alimentos para permitirles que se beneficien de las nuevas oportunidades en el mercado mundial. Concretamente, se deben fortalecer sus derechos sobre la tierra y deben adquirir mayor poder para defender estos derechos y sus intereses para poder hacer frente a las conflictivas presiones sobre la tierra; • Los gobiernos deben fortalecer y proteger los derechos de los pequeños productores sobre la tierra. Esto incluye a los gobiernos de los países de origen de las empresas involucradas en inversiones agrícolas; • Igualmente, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, aplicar las debidas diligencias en sus operaciones así como exigir lo mismo a las empresas socias con las que cooperan, ya sean financiadoras, compradoras o proveedoras. 15 2 Experiencias en el terreno Una mayor inversión en la agricultura debería ser una buena noticia para los pequeños productores y productoras, así como para otras personas con derechos sobre la tierra, al ofrecer nuevas oportunidades de mercado, unos precios más altos y más y mejores empleos. La realidad es muy diferente. La población local con derechos sobre la tierra está perdiendo su sustento (e incluso sus vidas) en una nueva versión de la “maldición de los recursos naturales”, según la cual las inversiones en países con abundancia de recursos naturales causan más daños que beneficios.40 Ésta es sin duda la experiencia de las comunidades locales en los cinco casos estudiados. Sudán del Sur En Sudán del Sur, la nación africana más reciente, el principal medio de vida para el 80 por ciento de los hogares es la agricultura a pequeña escala. Una evaluación realizada en enero de 2011 reveló que del 36 por ciento de las personas que sufrían inseguridad alimentaria, el 9,7 por ciento padecía inseguridad severa.41 Los conflictos localizados por la tierra y el agua son frecuentes, y suponen un desafío para la estabilidad y al desarrollo. Pero el reto más reciente para Sudán del Sur, que podría hacer descarrilar sus perspectivas socio-económicas a largo plazo, es la adquisición de tierras a gran escala. Entre 2007 y 2010, empresas extranjeras, gobiernos y particulares han intentado comprar o han comprado al menos 2,64 millones de hectáreas (26.400 km2) para proyectos agrícolas, de producción de biocombustibles y forestales. Esta área, de un tamaño equivalente al de Ruanda, representa casi el 10 por ciento de la superficie total de Sudán del Sur. Para un nuevo país, que aún se está recuperando de años de conflicto, esta oleada de adquisiciones puede socavar los medios de vida de las personas afectadas. En marzo de 2008, Nile Trading Development Inc. (NTD), una corporación empresarial establecida bajo la legislación de Delaware, se aseguró el arrendamiento por un periodo de 49 años de 600.000 hectáreas (6.000 km2) de tierras comunitarias enormemente fértiles en el condado de Lainya, en el Estado Central Equatorial (CES).42 El trato se cerró entre NTD y la “Mukaya Payam Cooperative”. Según la comunidad de Mukaya Payam, que forma parte del condado de Lainya, esta “cooperativa” no tiene presencia local, no los representa, no es una entidad legalmente registrada y está constituida sólo por tres “vecinos influyentes en la región”.43 Los tres firmantes de la “cooperativa” pertenecen a la misma familia, y entre ellos está el Jefe Supremo, la máxima autoridad tribal de Payam. Los otros dos tienen puestos oficiales, y según algunas personas de la comunidad abusaron de ello para lograr que se firmase el acuerdo.44 Al trato entre la empresa y la “cooperativa” (el 11 de marzo de 2008) siguió un acuerdo de arrendamiento entre el gobierno del CES y la 16 “cooperativa” (el 6 de octubre de 2008) referido a las mismas 600.000 hectáreas de tierra. La comunidad denuncia haber sido ignorada, basándose en que la “cooperativa” no la representa. A las preguntas de Oxfam, NTD respondió que aceptaron la representación tal y como se les había presentado, ‘NTD siempre entendió que la “cooperativa” Mukaya Payam era sinónimo de las comunidades de Mukaya Payam [sic]’. Sin embargo, Oxfam considera que la naturaleza del acuerdo, la extensión de la superficie incluida en el contrato de arrendamiento (que supera con mucho la tierra bajo el control de la comunidad de Mukaya Payam) y la tradición de propiedad comunal de la tierra en Sudán del Sur, deberían haber incitado a NTD a verificar cuidadosamente y de forma independiente la autoridad de esta “cooperativa” para firmar el trato. NTD afirma que ‘cuando …. recibimos los documentos de registro y las consiguientes cartas de las autoridades confirmando el registro, asumimos que la cifra de hectáreas era correcta’. NTD asegura que buscaron otros mapas y datos de la demarcación del terreno proveniente de fuentes gubernamentales así como de una imagen aérea preliminar, pero que no tuvieron éxito. Afirman que necesitarían llevar a cabo una valoración formal y verificable cuando las condiciones puedan justificar ese gasto. ‘Lo cual no ha sucedido hasta ahora’, afirman. A diferencia de con otras adquisiciones de tierra a gran escala, la comunidad de Mukaya, en parte impulsada por la diáspora de Mukaya en Juba y en otros lugares, ha organizado con éxito una campaña en contra del arrendamiento a NTD. Una comisión local, con representantes de varias comunidades, ha presentado al gobernador de CES una solicitud de anulación del contrato de arrendamiento.45 Esta decisión recae en el gobernador del CES, quien ha apoyado de palabra a la comunidad; no obstante, ese apoyo verbal aún tiene que hacerse oficial.46 Funcionarios del Condado y del Estado consideran que el arrendamiento no puede seguir adelante y que no lo hará debido a la dudosa legalidad de la “cooperativa”, al alcance de la tierra que a adquirir (que va más allá de los límites de Mukaya Payam) y la falta del debido proceso. En este caso, el Gobierno parece estar del lado de la comunidad y no de la empresa, aunque esta no es la norma en cuanto a la adquisición de tierras en Sudán del Sur. Según el censo de 2008, la población del Condado de Lainya (89.36047 personas) depende en gran medida de la agricultura de subsistencia. Sus cultivos básicos son dura y maíz, pero también producen cacahuetes, batata, yuca, sésamo, guisantes y hortalizas. En virtud del acuerdo de arrendamiento con NTD, las comunidades más allá de la tierra de Mukaya Payam renuncian a su derecho de oponerse a las siguientes actividades de NTD, (tal y como permite la legislación de Sudán del Sur): “la explotación de los recursos maderables/forestales en la tierra bajo arriendo, la cosecha de los árboles actualmente en crecimiento, la plantación y cosecha del aceite de palma de la megafoli-paulonia, así como el aprovechamiento de otros árboles de maderas duras y el desarrollo de las industrias maderera y agrícola”. El arrendamiento también incluye una cláusula concediendo a NTD los derechos de exploración, extracción y sub-arriendo.48 Desde 2008 NTD no ha activado su arrendamiento ni tampoco ha solicitado ninguna licencia al Gobierno de Sudán del Sur, un prerrequisito para que NTD pueda comenzar a operar. 17 Uganda Christine (nombre ficticio) y su marido solían producir alimentos suficientes para sus ocho hijos en las seis hectáreas de tierra que cultivaron durante unos veinte años. Vendiendo el excedente en el mercado, podían permitirse enviar a sus hijos a la escuela. En lugar de vivir en su antigua casa con seis habitaciones y cocina, ahora tienen dificultades para pagar el alquiler de una casita de dos habitaciones, sin terreno suficiente para cultivar y producir alimentos. Muchas veces, los hijos de Christine comen sólo una vez al día, y ya no estudian pues es demasiado caro. Ella y su marido, que un día fueron autosuficientes, ahora dependen de la buena voluntad de amigos y vecinos y de cualquier trabajo temporal que puedan encontrar.49 Arrasaron todas nuestras plantaciones – perdimos los bananas y la yuca. Hemos perdido todo lo que teníamos. Los trabajadores temporales de la compañía nos atacarían – ellos pegan y amenazan a la gente. Incluso ahora no nos van a dejar volver para buscar las cosas que dejamos atrás. Yo sufrí amenazas – me dijeron que si no me marchaba me pegarían. Christine, de unos 40 años, vivía antes en la aldea de Kayindiyindi, distrito de Kiboga, Uganda Christine está entre las más de 20.000 personas50 que denuncian haber sido expulsadas de sus hogares y sus tierras en el distrito de Kiboga y en los alrededores del distrito de Mubende con el fin de dejar libre el lugar para las plantaciones de la empresa New Forests Company (NFC), con sede en el Reino Unido. La Autoridad Nacional Forestal ugandesa (NFA, en inglés) concedió permisos a NFC en 2005 en las áreas de plantación y autorizó la expulsión de los residentes, que tuvo lugar en febrero de 2010 en Mubende y entre 2006 y julio de 2010 en Kiboga.51 La NFA afirma que las personas que vivían allí habían invadido ilegalmente las tierras forestales, y que su expulsión estaba justificada. 52 NFC se presenta como “una empresa forestal sostenible y socialmente responsable”. Ha solicitado créditos de carbono por captación, y en su sitio web afirma que crea puestos de trabajo en áreas rurales y que construye escuelas y centros de salud como parte de su programa de desarrollo comunitario.53 NFC sostiene que, en Mubende y Kiboga, la población local abandonó el área voluntariamente54 y que en ningún caso asumiría responsabilidad alguna por los desalojos de unas tierras sobre las que tiene permisos. La empresa dijo a Oxfam que los desalojos “están únicamente en manos del Gobierno” y que como titular de los permisos tiene ‘unos derechos muy limitados y desde luego ningún derecho para desalojar a nadie’.55 Desde el punto de vista de Oxfam, las operaciones de NFC evidencian cómo el actual sistema de estándares internacionales diseñado para garantizar que las personas no resulten perjudicadas por las adquisiciones de tierra a gran escala no funciona. Los graves impactos de las operaciones sobre los residentes locales, tal y como ellos mismos han relatado a Oxfam, despiertan una especial preocupación ya que las operaciones de NFC están apoyadas por la inversión internacional de instituciones como la rama para préstamos privados del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Europeo de Inversión (BEI) y el banco HSBC, quienes afirman seguir altos estándares sociales y ambientales. En cuanto a los derechos de las personas residentes a usar la tierra, NFC ha imitado a la NFA al describir a los grupos desplazados, algunos de los cuales sostienen que han pasado toda su vida en esa tierra, como ‘invasores ilegales’ e “intrusos”. 56 La empresa dice que “la mayoría de las personas que se habían asentado en la reserva lo habían hecho de forma ilegal”, con la excepción de quienes podían demostrar su residencia en la zona desde antes de 1992. Esto se refiere a un proceso de autenticación dirigido por el Gobierno en 18 Mubende, y que dictaminó que sólo 31 familias podían demostrar dicha propiedad. NFC afirma que ninguna familia en Kiboga ha demostrado tener derechos sobre la tierra que solían ocupar.57 Sin embargo, más de 20.000 residentes locales piensan que tienen derechos legales claros sobre la tierra que ocupaban, y las dos comunidades han llevado su caso ante la Corte Suprema de Uganda para defender tales derechos.58 Estas denuncias están siendo rebatidas por NFC, y finalmente no se ha resuelto ningún caso. Las personas desalojadas en el distrito de Kiboga afirman que fueron invitadas a instalarse en esas tierras en la década de 1970 por el régimen de Idi Amin. También dicen que el gobierno reconoció su derecho a permanecer en la tierra, permitiéndoles construir escuelas y estableciendo estructuras administrativas. Por otro lado, su denuncia se refiere a una orden ejecutiva prohibiendo los desalojos, que afirman que sigue vigente.59 Muchas de las personas que vivían en el área de concesión de Mubende sostienen que les fueron asignadas tierras por ser veteranos (o descendientes de veteranos) de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual lucharon en Egipto y Myanmar para las tropas británicas. Otros afirman haber comprado tierras durante las décadas de 1980 y 1990. En sus alegatos, los demandantes afirman que ellos actuaron de buena fe, como ocupantes legales y/o arrendatarios consuetudinarios, y que están protegidos por la constitución de la República de Uganda y por la legislación sobre tierras de Uganda’.60 En ambos casos, la Corte Suprema consideró que las inquietudes de las comunidades eran lo bastante urgentes y que sus argumentos tenían el suficiente peso61 como para justificar la emisión de órdenes interrumpiendo los desalojos hasta la resolución total de los casos.62 Las comunidades locales afirman que se siguieron produciendo desalojos a pesar de estas órdenes.63 Y los describen como cualquier cosa menos “voluntarios y pacíficos”. La gente relató a Oxfam cómo el ejército y la policía se desplegaron en la zona para hacer que se cumpliesen los desalojos, y que muchas personas fueron golpeadas en el transcurso de los mismos.64 Algunos residentes también afirmaron que los trabajadores temporales, que según creen habrían sido contratados por NFC, se sumaron a la policía y al ejército para incendiar viviendas, destruir cultivos y matar al ganado.65 En los alegatos presentados por la comunidad de Kiboga se afirma que NFC, “dando a entender que tenía el permiso [de la NFA], entró sin autorización a las tierras de los Plaintiff, destruyendo sus viviendas, cultivos y animales y tratando de desalojarlos”. También denuncian “la entrada sin autorización, la falta de civismo, el acoso y el abuso" por parte de NFC y de sus agentes. Las personas desalojadas en Mubende denunciaron que los empleados de NFC ‘los desalojaron, acosaron, arrasaron sus plantaciones, demolieron sus casas, los intimidaron y los maltrataron”.66 NFC niega haber participado en ningún desalojo ni acto violento y dice que “no hubo incidentes de daños, violencia física ni destrucción de la propiedad durante los procesos de desalojo voluntario que ha sido referido a NFC”.67 Para defender su posición, NFC señala una auditoría de supervisión por parte del Forest Stewardship Council (FSC), que indica que “no se produjeron incidentes de daños a los invasores, ni se registró ningún desalojo forzoso durante [el proceso de dejar libres los terrenos en Mubende]”.68 La empresa era consciente de dichas alegaciones, y sin embargo, la CFI llevó a cabo una valoración de campo de las operaciones de NFC en Mubende 19 para, entre otras cosas, “determinar si tienen fundamento…. las referencias en los medios [a] los desalojos forzosos, el acoso y la destrucción de la propiedad que se han denunciado [en Mubende] como resultado de la reubicación de los residentes locales por parte del Gobierno con el fin de que NFC pueda proceder con sus ‘operaciones.’”69 NFC afirmó a Oxfam que sus responsables de desarrollo comunitario estuvieron presentes durante todos los procesos de “evacuación” y no informaron sobre ningún hecho violento ni daños a la propiedad.70 A partir de los materiales proporcionados a Oxfam por NFC, parece que éste ha sido el alcance de las investigaciones llevadas a cabo por la empresa sobre este asunto. NFC niega haber incumplido ninguna orden judicial, porque “NFC no era responsable de ningún desalojo” y afirma que los desalojos de las reservas forestales están únicamente en manos del gobierno y de sus autoridades designadas.71 NFC explicó a Oxfam que “un requerimiento prohibiendo a NFC desalojar a la gente tiene escaso valor si en primer lugar NFC no está desalojando a nadie. La corte tiene derecho a detener el proceso de evacuación con el fin de investigar la situación, sin embargo el requerimiento se hizo llegar a la parte equivocada.”72 Durante las reuniones y entrevistas con las comunidades, los vecinos dijeron a Oxfam que ninguno de ellos, ni ninguna persona conocida que hubiese perdido su casa y sus medios de subsistencia, habían recibido compensación o tierras alternativas hasta la fecha.73 Algunos afirman que las autoridades locales les ofrecieron una compensación, pero ésta nunca llegó.74 Oxfam pudo saber que en Kiboga se había hecho una propuesta ofreciendo tierras alternativas por un período de cinco años, pero las comunidades dijeron que la rechazaron porque no les ofrecían espacio suficiente y no era más que una solución temporal.75 NFC acepta que la falta de compensación “es una gran preocupación para NFC, tanto por razones de reducción del riesgo como éticas”. La empresa declaró a Oxfam que se había ofrecido a formar parte del proceso de compensación, pero que la NFA le prohibió hacerlo: “apoyamos firmemente la compensación y no sólo creemos que es algo equitativo y justo, sino también la forma más rápida de llegar a una solución que nos beneficie a ambas partes. Sin embargo, como titulares de un permiso tenemos expresamente prohibido ofrecer compensación alguna por tierras del gobierno”.76 Además, la empresa dice que presionó al Gobierno para que se compensase a las personas desalojadas que tuviesen derecho a ello por “el valor de sus cultivos y de la pérdida de la tierra, o que se les concediese una tierra alternativa.”77 No obstante, NFC también comunicó a Oxfam que considera que la compensación sólo debe darse a quienes puedan demostrar sus derechos sobre la tierra.78 Según esto, sólo 31 familias recibirían una compensación por la pérdida de sus medios de vida. Oxfam considera que el enfoque legalista adoptado por NFC en respuesta a las órdenes judiciales y en relación a la compensación no se corresponde con una conducta empresarial ética, especialmente teniendo en cuenta los estándares internacionales a los que la empresa dice adherirse. NFC y sus inversores se basan sobre todo en dos aprobaciones independientes a su plantación de Mubende para demostrar que la empresa está libre de responsabilidades en relación con los desalojos 20 y la compensación: la certificación del FSC y una evaluación de campo de la CFI (ninguna de ellas se ocupa de la situación en Kiboga). Oxfam cuestiona el rigor de estas evaluaciones externas y el nivel de tranquilidad que ofrecen. Por ejemplo, la evaluación de la CFI señala que NFC “no ha sido capaz de aplicar totalmente sus principios en cuanto al reasentamiento” y que “sólo una auditoría social completa del reasentamiento [que no se ha realizado] podría ser prueba suficiente para que la CFI negase las alegaciones [de desalojo forzoso, acoso y destrucción de la propiedad en Mubende]]”. Por otro lado, no está claro en el informe en qué medida la CFI cumplió con su objetivo de celebrar reuniones con las comunidades locales.79 Por lo tanto, desde el punto de vista de Oxfam, esta evaluación no garantiza totalmente que se hayan cumplido los altos estándares éticos que NFC afirma seguir. Indonesia La rápida expansión de la producción de aceite de palma en todo el mundo ha provocado cientos de conflictos por la tierra con las comunidades locales, ya que las plantaciones de palma amenazan su seguridad alimentaria y su acceso a los recursos naturales. América Latina y África Occidental son la nueva frontera para el cultivo de la palma aceitera, pero en Indonesia, que junto a Malasia produce cerca del 85 por ciento del aceite de palma mundial, aún quedan por resolver muchos conflictos por la tierra. La ONG Indonesia Sawit Watch está haciendo un seguimiento a 663 conflictos por la tierra, una cifra asombrosa.80 Uno de ellos afecta a las comunidades indígenas Dayak en el distrito de Sanggau, en Kalimantan Occidental. En los 11 pueblos del distrito de Tayan Hulu los conflictos se han ido alargando durante los últimos 15 años. A mediados de la década de 1990 una empresa conjunta Malayo/Indonesia llamada PT. Menara Alfa Semesta (PT. MAS) llegó para negociar con los representantes de las comunidades locales la conversión de sus tierras en plantaciones de palma aceitera. La empresa, avalada por el Bupati (cabeza del distrito), envió “cartas de renuncia” a los vecinos para que le entregasen su tierra por medio de un arriendo a 35 años. A cambio, la empresa prometía construir casas, escuelas, una clínica privada e instalaciones de agua. Cada familia transfirió 7,5 hectáreas, de las cuales 5,5 serían para uso de la empresa mientras que 2 hectáreas plantadas se devolverían a la familia para que cultivase palma aceitera.81 PT. MAS afirma que el área devuelta en forma de pequeñas parcelas de palma aceitera actualmente asciende al 27 por ciento del área total.82 Sin embargo, la investigación de Oxfam demuestra que 15 años más tarde la mayoría de las familias sólo han recibido un promedio de 1,2 hectáreas, lo que no basta para cosechar lo suficiente para sobrevivir. PT. MAS también sostiene que ha construido instalaciones para los trabajadores,83 y que desde que adquirieron la tierra la comunidad se ha involucrado en actividades de desarrollo económico y social. Sin embargo, según la población, la mayoría de las instalaciones que les prometieron en un principio no se han materializado. Además, aunque en las “cartas de renuncia” mencionaban el derecho a arrendar la tierra, las comunidades de Tayan Hulu descubrieron después que al finalizar el período de arriendo de 35 años la tierra pasará a manos del Estado, que a su vez puede extender el arriendo a la empresa hasta 95 años sin consultar ni obtener el consentimiento de las personas afectadas. Aunque en un caso los vecinos recurrieron con éxito al derecho 21 Ganamos 31.000 rupias (3,50 dólares) al día. Si sabes que un pollo cuesta 40.000 rupias, es fácil calcular que no tenemos suficientes proteínas. Incluso el arroz está caro para que lo podamos comprar, cuando antes de la palma aceitera lo cultivábamos nosotros mismos. Antes de que llegase la palma aceitera, algunos de nuestros hijos incluso iban a la universidad; hoy es muy difícil que terminen la escuela primaria. Agricultor de Tayan Hulu, Indonesia. consuetudinario para multar a la empresa por no negociar con ellos antes de instalarse, hasta el momento las quejas de la comunidad por haberles arrebatado las tierras no han sido resueltas ni por la empresa ni por el Gobierno, lo que ha llevado a protestas, bloqueos, arrestos y opresión. Sawit Watch señaló que para la gente de Tayan Hulu estos acontecimientos llegaron como un impacto a su cultura, sus formas de vida y sus sistemas tradicionales de gestión de la tierra. Se dieron encendidos debates sobre las oportunidades, los costes y la compensación, que provocaron división entre las comunidades locales, con los gobiernos distrital y subdistrital y con la empresa. En 2007, representantes de la comunidad pidieron a la empresa que diese respuesta a sus inquietudes. Al no obtener ninguna contestación, la gente bloqueó la carretera a la plantación y se manifestó frente a las oficinas de la empresa pidiendo que se redistribuyesen más tierras. Cinco miembros de la organización de pequeños propietarios fueron detenidos y acusados de asalto y destrucción de la propiedad. La empresa hizo varias ofertas para resolver la disputa, pero no accedió a cumplir los términos del acuerdo original reconociendo la demanda de las comunidades de más tierra.84 Actualmente, PT. MAS tiene planes de expansión, lo que está incrementando la tensión.85 PT MAS es una empresa subsidiaria del gigante malayo de aceite de palma, Sime Darby, responsable del seis por ciento de la producción mundial de aceite de palma. Dime Darby afirma controlar la cadena de valor “desde la tierra hasta el plato”, no sólo cultivando la palma aceitera sino también procesando, refinando y ofreciendo al consumidor productos como aceite para cocinar.86 Sime Darby afirma que PT. MAS siguió la legislación y normativa indonesias, y que la adquisición se hizo por medio de compensación cuando correspondía.87 Sin embargo, como miembro de la Junta Directiva de la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), la empresa debería haberse asegurado de que la expansión de las plantaciones de una de sus subsidiarias siguiese el procedimiento de consentimiento libre, previo e informado, cosa que no hizo,88 y también debería desarrollar planes claros para resolver los anteriores conflictos anteriores por la tierra. En América Latina, un continente donde históricamente la distribución de la tierra, los ingresos y el poder ha sido extremadamente desigual, y donde se han producido violentos conflictos sobre la tierra, la expansión de la caña de azúcar y de la palma aceitera para la producción de biocombustibles se asocia con un acaparamiento de tierras y una violencia brutales. Mientras que Colombia ya es conocida por su gran sector de palma aceitera y sus problemas asociados,89 la tendencia se está extendiendo a otros países, entre ellos Honduras y Guatemala. Honduras Durante un corto periodo de tiempo a mediados de la década de 1970 el valle del Bajo Aguán, una de las regiones más fértiles de Honduras, fue conocida como “la capital de la reforma agraria”. Una gran parte de las tierras del valle – de bosque virgen – fueron cedidas a 54 cooperativas de pequeños agricultores de otras partes del país. Incluso tras la Ley de Modernización Agrícola de 1992, que en general se vio como una contra-reforma, la nueva ley sólo permitía vender tierras a agricultores o cooperativas que hubiesen sido 22 declaradas beneficiarias de la reforma agraria. Sin embargo, en la década siguiente algunos líderes de cooperativas corruptos se aliaron con empresarios malintencionados para esquivar la legislación por medio de una combinación de engaños, chantajes y violencia, y muchas tierras de las cooperativas pasaron a manos de terratenientes poderosos. Los agricultores y agricultoras volvieron entonces a ser jornaleros en las grandes plantaciones, trabajando duramente por una pequeña paga.90 Yo solía trabajar ocho horas al día cosechando el fruto de la palma. Si no cumplía con mi meta, tenía que hacer horas extra. Es un trabajo muy duro. Hacía mucho calor y sólo nos daban 15 minutos para comer y beber agua. Después, sólo podíamos beber el agua estancada en los charcos. No podíamos exigir seguridad social. Ni formar un sindicato o pedir un aumento de salario porque inmediatamente te despedían. Nos vendieron la idea de que este monocultivo iba a garantizar trabajo para todos y una vida mejor. Pero lo que ha traído es desempleo y pobreza. Daniel Santos, antiguo trabajador de la Exportadora del Atlántico, Honduras.91 En 2001, algunos de los agricultores y agricultoras se organizaron como el Movimiento Unificado de Campesinos del Valle de Aguán (MUCA) con el fin de exigir sus derechos sobre la tierra, en un principio en los tribunales. Una vez agotada la vía judicial, en 2006 comenzaron las ocupaciones de tierras. En junio de 2009 incluso habían ocupado una de las plantas procesadoras de aceite de palma de la Exportadora del Atlántico, parte del Grupo Dinant, lo que hizo al presidente Manuel Zelaya prometer que se investigaría el asunto de los derechos sobre la tierra. Sin embargo, Zelaya fue destituido en un golpe de estado ese mismo mes. Más adelante, en octubre de 2010 habían sido asesinados 36 campesinos. Ninguno de estos casos se ha resuelto ni llevado ante los tribunales.92 Como resultado de la escalada de violencia y los asesinatos, el Gobierno ha militarizado la zona. Dinant produce aceite para cocinar, aperitivos y otros productos alimentarios, y ahora está tratando de introducirse en el mercado de biocombustibles. Para ello, la empresa ha recibido un préstamo de 30 millones de dólares de la CFI y otro préstamo de 7 millones de dólares de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).93 En abril de 2011, tras intervenciones de grupos internacionales de derechos humanos como FoodFirst Information y Action Network (FIAN), otros dos grandes financiadores de la inversión han cancelado sus contratos con Dinant: la compañía francesa EDF Trading canceló su contrato para comprar créditos de carbono a Dinant, indicando que estaban “tomándose muy en serio la situación en Honduras’94 y el banco alemán DEG suspendió una inversión de 20 millones de dólares en 2011, ‘en vista de la evolución del conflicto agrario en la región del Bajo Aguán”.95 El Gobierno se vio obligado con posterioridad a convocar a MUCA y la empresa para que negociasen un acuerdo, en junio de 2011. El gobierno se ha comprometido a distribuir 11.000 hectáreas entre los agricultores y agricultoras, incluyendo 4.000 hectáreas en las que Exportadora del Atlántico había plantado palma. La empresa ha aceptado la propuesta, pero después ha anunciado que quiere renegociarla. Sin embargo, según este acuerdo los agricultores tienen que volver a comprar a un precio de mercado la tierra que reclamaban. Además, muchos otros grupos agricultores del Valle aún están buscando soluciones a sus problemas, y las ocupaciones de tierra continúan, por lo que los agricultores continúan exponiéndose a expulsiones violentas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.96 Ahora, las organizaciones agricultoras ahora están proponiendo una Ley de Transformación Agraria Integral que, de aprobarse, contribuiría de forma significativa a una solución a largo plazo del problema que supone una estructura de tenencia de la tierra excesivamente concentrada en muy pocas manos, a expensas de cientos de miles de pequeños agricultores y agricultoras sin acceso a la tierra de la que precisan para ganarse la vida decentemente y satisfacer las necesidades de sus familias. 23 Guatemala Guatemala ha sido descubierta internacionalmente como una zona adecuada para la producción de biocombustibles, tanto etanol (caña de azúcar) como biodiesel (aceite de palma). Esto ha dado lugar a una nueva ola de desposesiones de tierra, dirigida hacia las escasas tierras que quedan en manos de indígenas y campesinos. La superficie cultivada con caña de azúcar en Guatemala se incrementó desde un 3,4 por ciento del total de la superficie agrícola en 1980 a un 14 por ciento en 2008.98 De igual forma, la superficie destinada a producir aceite de palma ha pasado de 35.000 hectáreas a las 100.000 hectáreas que se prevén en 2010.99 Las zonas consideradas apropiadas para la conversión a caña de azúcar y palma aceitera son también las registradas por la Secretaría de Asuntos Agrarios como las de mayor nivel de conflictividad por la tierra.100 La región del Valle de Polochic, al noroeste del país, es una de las zonas en el punto de mira para expandir el cultivo de caña de azúcar. En 2005 la familia Widmann trasladó su refinería de caña de azúcar desde la costa del Sur al Valle de Polochic, cambiándole el nombre a Chawil Utz’aj (Buena Caña en la lengua local Q’eqchí), y utilizando un préstamo de 26 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).101 En 2008 Chawil Utz’aj había plantado 5.000 hectáreas de caña de azúcar. Y los agricultores no tuvieron otra opción que buscar refugio en las empinadas y escasamente fértiles tierras de la Sierra de las Minas. Hay artículos de prensa que reflejan que, en 2010, Chawil Utz’aj tuvo dificultades para devolver el préstamo y la tierra alrededor del ingenio se sacó a subasta pública.102 Las familias agricultoras que habían abandonado el valle años atrás decidieron regresar a finales de 2010 y ocupar la tierra para producir alimentos. Sin embargo, como ha registrado una misión de derechos humanos del programa de sostenibilidad de la UNESCO de la Universidad de Cataluña, en marzo de 2011 unidades de seguridad privada expulsaron por la fuerza a más de 800 familias en 14 comunidades del Valle de Polochic.103 Una carta enviada por una serie de ONG locales a la UE se refiere, entre otros, a informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se afirma que los trabajadores de la finca participaron en el desalojo, “destruyendo las cosechas, las viviendas y las escasas pertenencias de las familias expulsadas’.104 La principal limitación para el desarrollo es la falta de equidad en el reparto de la tierra y la enorme presión sobre ella. La existencia de grandes superficies en las mayores propiedades, con escaso capital invertido, o las grandes extensiones de tierras baldías son la principal restricción en el acceso a la tierra y una de las principales causas de retraso social en el campo. Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC.97 Desarrollo a la inversa Está claro que lo que prevalece es el interés de la empresa por desarrollar el proyecto de biocombustibles, en lugar del de las familias campesinas Q’eqchí que viven en la zona. Daniel Pascual, Comité de Unidad Campesina.105 En los casos aquí presentados, se ha convencido a miles de personas para que cediesen sus tierras en base a falsas promesas (Indonesia), o han sido expulsadas de sus tierras y hogares (en Uganda, Guatemala y Honduras). Los estudios de caso ofrecen una triste imagen de lo que sucede después, una vez que las personas pierden su tierra y sus medios de vida. Los vecinos del distrito indonesio de Tayan Hulu, que cedieron sus derechos sobre la tierra a PT. MAS, no pueden cultivar lo suficiente para vivir de la tierra que recibieron a cambio. Algunos pequeños productores desesperados robaron algunos frutos de las plantaciones de la empresa, y así ganar lo suficiente para poder alimentar a sus familias. Han sido capturados y enviados a prisión. En Uganda, las personas que residían en las concesiones a NFC en los distritos de Kiboga y Mubende y que hablaron con Oxfam afirman 24 que ahora tienen mucha menos comida, y que la mayoría de las familias han pasado de hacer tres comidas diarias a comer sólo una vez o dos. Además, están consumiendo alimentos menos variados y nutritivos, con una dependencia excesiva del maíz, y sin apenas nada de carne. Los niños y niñas son los más propensos a enfermedades, pues su salud se resiente a causa de la malnutrición. La mayoría afirma que fueron desalojados de aldeas bien establecidas, y algunas personas con las que Oxfam habló tuvieron que dejar atrás los hogares en los que habían vivido durante más de treinta años. Todas las personas que hablaron con Oxfam ahora viven en casas más pequeñas de alquiler o estructuras temporales frágiles, hechas con polietileno o con paja y madera. Pocos pueden permitirse ya pagar las tasas escolares o tratamiento médico. NFC afirma que en algunos casos ‘los antiguos invasores que se asentaron fuera de los límites de la reserva se están beneficiando de varios proyectos educativos, de salud y de mejora de los medios de vida puestos en marcha por NFC, las comunidades y el gobierno local’, 106 pero ninguna de las personas desalojadas con las que Oxfam habló dijo que se hubiese beneficiado del trabajo de desarrollo comunitario de NFC.107 NFC admite que resulta difícil rastrear a las personas que han sido desalojadas y asegurarse de que se han beneficiado de las iniciativas de la empresa.108 Comunidades en riesgo Los nuevos acuerdos sobre la tierra suelen desestabilizar las comunidades, pues socavan el reparto de tierras comunales y causan divisiones. Esto es lo que sucedió en Tayan Julu (así como en otras comunidades Dayak en Indonesia), cuando el desarrollo de la plantación de palma aceitera provocó una fractura entre la comunidad y sus líderes tradicionales. En Uganda, la afluencia de personas expulsadas de sus tierras hacia otros pueblos y aldeas en las inmediaciones de las áreas de concesión de Mubende y Kiboga ha alterado el equilibrio demográfico en la zona. Es probable que esto haya afectado a la ya pobre capacidad de las escuelas, los servicios médicos y otras infraestructuras. Por ejemplo, tanto el pueblo de Kisiita, cerca de la concesión de Mubende, como el de Kayindiyindi, cercano a la concesión de Kiboga, casi han duplicado su tamaño desde que las personas expulsadas se vieron obligadas a trasladarse allí. En respuesta, NFC señala su trabajo en el desarrollo de infraestructuras, especialmente financiando escuelas y centros de salud que, según afirman, se han distribuido de forma equitativa.109 De nuevo, ninguna de las personas desalojadas con las que Oxfam tuvo oportunidad de hablar dijo haberse beneficiado del trabajo de desarrollo comunitario de NFC.110 Las consecuencias para las comunidades locales descritas en este capítulo son muy problemáticas. En los siguientes capítulos se analiza el contexto regulatorio en los ámbitos nacional e internacional de la adquisición de tierras a gran escala, el cual puede transformar la deseada inversión en agricultura en una pesadilla para todas las personas afectadas. 25 3 ¿Qué está fallando a escala nacional? Las comunidades esperan que el Estado garantice que las inversiones les produzcan beneficios y que las proteja de prácticas abusivas. Esta sección analiza por qué los gobiernos permiten que se produzcan las apropiaciones de tierras. Con derechos, sin poder Las oportunidades a menudo llevan aparejados riesgos, pero cuando las personas afectadas tienen poco poder, los riesgos suelen superar a los beneficios potenciales. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, ha señalado que las convenciones de derechos humanos contienen provisiones claras respecto a la negociación de acuerdos sobre tierras a gran escala. Un principio importante es que, “en general, cualquier cambio de titularidad de la tierra sólo puede darse con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales afectadas.”111 El respeto por el consentimiento libre, previo e informado resulta clave para una buena gobernanza y es esencial para la reducción de la pobreza.112 Los gobiernos locales deben garantizar que se respete este principio. En las negociaciones sobre el uso de la tierra, esto implica garantizar que las personas que tienen derechos sobre ésta participen en las negociaciones, que sean informadas y que se vean fortalecidas por las leyes e instituciones, para que puedan aprovechar al máximo cada oportunidad. Al contar con el consentimiento de la población local y de otras comunidades afectadas se pueden establecer relaciones positivas y evitar que los proyectos estén salpicados de conflictos, con las consiguientes pérdidas de beneficios para las empresas, y de ingresos para los gobiernos. No están sobre la mesa En la práctica, los gobiernos a menudo no consiguen garantizar que las personas afectadas y titulares de derechos se sienten a la mesa de negociación en un plano de igualdad, y mucho menos que adquieran un mayor poder para convertirse en actores principales. Con demasiada frecuencia, el gobierno - el presidente, el gobernador provincial, el alcalde o la autoridad local- se atribuye un poder dudoso por parte de la gente cuyos derechos sobre la tierra están en juego. Allí donde se tiene en cuenta a las comunidades locales, las consultas tienden a estar sesgadas en contra de una participación equitativa de las mujeres, aunque los derechos de uso (primarios o secundarios) de las mujeres se vean seriamente afectados. Esto es así porque las mujeres suelen carecer de derechos formales sobre la propiedad de la tierra.113 26 En ninguno de los casos presentados en este informe las negociaciones fueron conducidas, ni siquiera solicitadas, por las personas con derechos sobre la tierra, sino por los jefes locales o por las autoridades gubernamentales locales y nacionales. En Uganda, la NFA concedió permisos a NFC en los distritos de Mubende y Kiboga y, según se alega, ha autorizado el desalojo forzoso de más de 20.000 personas a pesar de que los derechos de las comunidades sobre la tierra siguen estando bajo disputa. En su Informe sobre Sostenibilidad para FY2010, NFC describe cómo tuvo lugar en Mubende un “proceso de mediación en el que participaron el gobierno local, los líderes comunales y personas corrientes”, que tuvo como resultado que “el problema se resolvió de forma pacífica con el reasentamiento voluntario” y señala que en Kiboga ‘el equipo de RSC de NFC ha iniciado una agresiva campaña de sensibilización con el gobierno local y con los residentes de la reserva. Las personas que la habían invadido están cooperando y abandonando esas tierras voluntariamente’.114 Sin embargo, la investigación realizada por Oxfam ha desvelado que los testimonios de personas desalojadas de ambos distritos coinciden, confirmando que ni fueron consultadas ni habían accedido a perder sus tierras, viviendas y medios de vida.115 Estas personas afirman que se llevaron a cabo reuniones públicas en las que participaron representantes del gobierno, pero que no fueron consultivas sino que simplemente sirvieron para informar sobre los plazos para abandonar las tierras. Aparentemente, esto no contradice la descripción de NFC. En una carta a Oxfam, NFC describe una serie de “consultas” que tuvieron lugar en los meses previos a las “evacuaciones”, en las que “se presentaron claramente las condiciones en que se producirían las evacuaciones, la legislación referente al uso de la tierra y a las reservas forestales centrales y los plazos que se deben respetar”.116 En agosto de 2008, NFC y los funcionarios del distrito de Kiboga se reunieron para discutir sobre el reasentamiento de las personas desalojadas. El acta de esa reunión demuestra que no estaba presente ningún representante de la comunidad, y que en su ausencia se aprobó una propuesta para asignar un máximo de dos millas cuadradas (3,2 km2) para un reasentamiento, por un período de cinco años. NFC accedió a pagar por una encuesta para determinar con precisión cuánta superficie sería necesaria. Tanto NFC como los residentes en Kiboga dijeron a Oxfam que la encuesta se había realizado, pero que nunca se informó sobre sus resultados finales.117 Un líder comunal explicó que la propuesta se había presentado a la comunidad en una reunión pública (que no fue consultiva), pero no era aceptable porque la superficie que les ofrecían era demasiado pequeña y se trataba de una solución temporal.118 En el caso de NTD en Sudán del Sur, la “cooperativa” (en lugar de la propia NTD) logró el arrendamiento de 600.000 hectáreas de tierras comunitarias a nivel estatal, en un contexto donde no existía ningún sistema legal nacional unificado para procesar las solicitudes de adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros. Las adquisiciones de tierras anteriores a 2009 se llevaron a cabo mediante una combinación de leyes sobre la tierra sudanesas (del norte), que se aplicaban de forma variable junto con las leyes consuetudinarias sobre la tierra; la tierra se gestionaba según procedimientos ad hoc, lo que contribuía a la ausencia de transparencia. La ley consuetudinaria sobre la propiedad de la tierra, 27 en el momento de la firma del acuerdo con NTD, era el marco legal más antiguo y aceptado para la administración de la propiedad en Sudán del Sur.119 Antes de 2009, las lagunas en la legislación facilitaban la adquisición de tierras a gran escala sin apenas consultar o directamente sin consulta. Aunque la respuesta de la empresa fue que ‘la intención de NTD estaba clara desde el principio: la inversión debía desarrollarse en total colaboración y consulta con las comunidades, que debían sentirse propietarias de la tierra’, no se realizó ninguna consulta a la comunidad antes de la firma del acuerdo. Solo tres personas, los miembros signatarios de la “cooperativa”, incluyendo al Jefe Supremo, parecen haber tenido un espacio en la mesa de negociación cuando se firmó el acuerdo en 2008. No se ofreció información alguna a la comunidad, que quedó fuera del proceso de toma de decisiones.120 Según la comunidad, la empresa no se reunió con ellos hasta noviembre de 2010. La Ley sobre Tierras de 2009 para Sudán del Sur, aprobada tras la fecha del acuerdo entre NTD y la “cooperativa”, establecía la consulta a la comunidad y el consentimiento previo como requisitos legales para cualquier inversión. Sólo en el caso de Indonesia existió algún tipo de negociación con las personas con derechos sobre la tierra. Pero apenas se siguió el principio de consentimiento libre, previo e informado: muchos de los agricultores que cedieron sus tierras se sintieron estafados, pues les habían hecho firmar una carta que resultó tener implicaciones muy negativas para ellos. Sin información El ejemplo indonesio ilustra la importancia de que las personas con derechos sobre la tierra tengan acceso a información precisa en el momento adecuado. La información es poder, sobre todo en las negociaciones. A pesar de los compromisos con respecto al principio de consentimiento libre, previo e informado por parte de algunos actores, tanto del sector público como del privado, resulta difícil para los investigadores – y no digamos para las comunidades locales – obtener información básica sobre los acuerdos negociados o en negociación. El Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo solo pudo encontrar doce contratos para su análisis de los acuerdos sobre tierras.121 De entre ellos, advirtieron que ‘algunos contratos que sustentan la reciente oleada de adquisiciones de tierras puede que no se ajusten a su propósito. Un buen número de ellos son documentos breves, poco detallados, que garantizan derechos a largo plazo sobre grandes extensiones de tierra y en algunos casos derechos de prioridad sobre el recurso hídrico, a cambio de un beneficio público aparentemente escaso o vagas promesas de inversiones y puestos de trabajo.’122 La falta de transparencia también debilita el escrutinio público y deja la puerta abierta a la corrupción. Liberia invirtió la tendencia cuando recientemente renegoció contratos de inversión; el parlamento ratificó esos acuerdos, que están disponibles online. Según el IIED, este logro se produjo gracias a un ‘liderazgo político con voluntad, un equipo negociador gubernamental fuerte y una asistencia legal de primera categoría.’ Los contratos se mejoraron significativamente en términos de compromisos por parte Los detalles de estas grandes adquisiciones de tierras están envueltos en el mayor secretismo, especialmente las grandes operaciones, que al parecer se negocian a muy alto nivel. Esther Obaikol, Directora ejecutiva, Alianza por la Tierra, Uganda. 28 del inversor en cuanto a puestos de trabajo, formación, procesamiento y adquisiciones locales, atención a la seguridad alimentaria y mecanismos de salvaguarda sociales y medioambientales.123 Cuadro 4: ¿Una única norma para fortalecer los derechos sobre las tierra en todo el mundo? Los estados miembros de la ONU, bajo los auspicios del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, se hallan en la fase final de un acuerdo sobre un conjunto de ‘directrices voluntarias en materia de tenencia responsable de la tierra, la pesca y los recursos forestales’. Al ser el primer instrumento internacional dedicado a la tenencia de la tierra, establecerá directrices acerca de cómo los estados pueden abordar temas como la redistribución de la tierra, la inversión interna o el acceso de las mujeres a la tierra. Se espera que estas directrices ofrezcan una norma a la que se puedan ajustar los gobiernos nacionales. También se están produciendo avances complementarios en el ámbito regional, siendo el más señalado el Marco y Directrices sobre políticas de tenencia de la tierra en África, firmado en la Cumbre de la Unión Africana de julio de 2009 y que ha suscitado un apoyo político importante entre los gobiernos africanos y la sociedad civil. Fuentes: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ‘Directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra’ http://www.fao.org/nr/tenure/voluntaryguidelines/en/ (última consulta en julio de 2011); Unión Africana (UA), Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Comisión Económica para África de Naciones Unidas (CEA UNECA) (2011) ‘‘Framework and Guidelines on Land Policy in Africa. Land Policy in Africa: A Framework to Strengthen Land Rights, Enhance Productivity and Secure Livelihoods’, Addis Ababa: UA/ BAfD /CEA, http://www.au.int/en/dp/rea/content/framework-and-guidelines-landpolicy-africa (última consulta en julio de 2011)). Sin protección Cualquier tierra que incremente su valor se le arrebatará al pobre de las manos. Fernando Eguren, CEPES, Peru. Todos los países tienen un cuerpo legislativo que establece los derechos de propiedad, así como los derechos de acceso y uso de la tierra. Con frecuencia las comunidades tienen sistemas propios de tenencia de la tierra anteriores a los sistemas nacionales. Muchas veces hunden sus raíces en su cultura específica, existen al margen del sistema nacional y difieren entre unas partes y otras dentro de un mismo país. En muchos países el resultado es un complejo híbrido de leyes consuetudinarias y leyes promulgadas. A veces, los países han traducido aspectos de la ley consuetudinaria a la ley formal, pero eso no significa necesariamente que estas leyes se cumplan. Cuadro 5: El gobierno de Perú y las empresas buscan capitalizar los recursos de la Cuenca del Amazonas A lo largo de los últimos 20 años, la Amazonía peruana ha sido testigo de un auge de la inversión, estimulada gracias a incentivos garantizados por el estado a inversores nacionales y extranjeros, y el desmantelamiento simultáneo de la legislación que solía proteger los derechos colectivos. Comenzando en 1992, con el presidente Alberto Fujimori, esta oleada de inversiones ha proseguido con los sucesivos gobiernos, entre otras cosas con la explotación de los yacimientos de gas de Camisea, la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles de 2003, o la Iniciativa para la 29 Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que implica la construcción de enormes diques para energía hidroeléctrica y diversas autopistas que conectan la costa del Pacífico con Brasil. Esta tendencia de abrir la región de la Amazonía peruana a la inversión privada alcanzó su cénit de polarización durante la administración 2006-2011 y ha desatado violentos conflictos. En 2007, en un gesto bastante inusual, el presidente García se dirigió a la opinión pública a través de un periódico en una columna titulada “El 124 síndrome del perro del hortelano”, en el que argumentaba que los recursos del Amazonas no se están explotando debido a las comunidades rurales que poseen derechos colectivos sobre la propiedad y el acceso a los recursos. Como resultado, decía, la nación se ve privada de los beneficios potenciales de sus riquezas naturales. Además, afirmaba que las comunidades amazónicas no permiten la inversión privada en la explotación de los recursos, protegidos como están por las leyes que garantizan ciertos derechos colectivos. El presidente concluía que, en consecuencia, los elevados niveles de pobreza en las comunidades amazónicas eran el resultado de combinar una legislación obsoleta con las propias comunidades, a cuyos miembros calificaba de “ociosos” e “indolentes”. La última afirmación remitía a la metáfora que daba título al artículo: el perro del hortelano no come la fruta él mismo, pero tampoco permite a los demás que tengan acceso a ella. A este polémico análisis le siguieron en la primera mitad de 2008 un paquete de 99 decretos legislativos, muchos de los cuales iban dirigidos a la extinción de los derechos colectivos y a promover en su lugar nuevas facilidades para que los inversores privados accediesen a la tierra y a los recursos de la región de la Amazonía. Hubo una escalada de protestas de la comunidad contra estos decretos, que en junio de 2009 desembocó en una confrontación violenta en la ciudad de Bagua, en el norte de la Amazonía, con decenas de muertos entre indígenas y agentes de seguridad. Como resultado de las políticas gubernamentales descritas, existen actualmente más de 50 grandes proyectos relacionados con la energía; concesiones sobre el petróleo y el gas que abarcan el 70 por ciento de la Amazonía peruana; más de tres millones de hectáreas cedidas en concesiones mineras; y casi ocho millones de hectáreas de bosques concedidos a industrias madereras. En medio de toda esta carrera por la tierra, la agencia gubernamental Proinversión ha anunciado planes para explotar medio millón de hectáreas con cultivos destinados a la producción de biocombustibles. En la mayoría de los casos, esta carrera por los recursos está produciéndose sin el conocimiento ciudadanos de Perú, con una marcada ausencia de transparencia en los procedimientos legales y administrativos, y basada en una precaria valoración del impacto social y medioambiental. Como resultado, la biodiversidad de la Amazonía esta bajo amenaza, la inseguridad alimentaria entre la población indígena y rural está aumentado significativamente y las comunidades temen la posibilidad de verse desplazadas. En oposición a estas tendencias, el Gobierno del recién elegido presidente Humala ha aprobado, en su primer mes de mandato, una nueva ley que busca garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos naturales de los que dependen. Esta ley, siempre y cuando vaya acompañada de una regulación más estricta en materia de impacto social y medioambiental, en línea con las normas internacionales, y asumiendo que su aprobación 30 conlleva la modificación de otras leyes (entre ellas las que regulan la inversión en tierras) que actualmente ignoran la aplicación del consentimiento libre, previo e informado, puede contribuir a revertir décadas de impactos sociales negativos asociados a esta carrera por los recursos en la Amazonía peruana. El Relator fue informado de varios casos de desalojos [en Guatemala] en situaciones donde la identidad del propietario de la tierra no había sido verificada adecuadamente o donde la delimitación de las fincas en cuestión carecía de líneas de demarcación precisas. La participación de trabajadores de la finca en la ejecución del desalojo, aunque ilegal, fue atestiguada en varias ocasiones. Aunque el gobierno se ha mostrado abierto a resolver algunos casos mediante mesas de diálogo, el Relator Especial advierte de que, con demasiada frecuencia, los ricos terratenientes reciben más apoyo por parte del aparato del Estado que los campesinos. Informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, Misión a Guatemala, p.8.125 La nueva presión sobre la tierra en todo el mundo ha puesto a prueba los frágiles sistemas legales imperantes en muchos países. En la práctica, los inversores a menudo pueden explotar a su favor la confusión creada por esta superposición de sistemas para evadir los requisitos de un sistema determinado, o vencerlos aliándose con el gobierno o con un jefe tribal. Los derechos reconocidos sobre la tierra son tan fuertes como lo sean las instituciones que los defienden. El desalojo de la población de las plantaciones de NFC en Uganda constituye un buen ejemplo. Las comunidades creen que tienen derechos sobre la tierra en la que viven o de la que dependen sus medios de vida, y confían en que el sistema legal defienda estos derechos. El Tribunal Supremo de Uganda emitió órdenes provisorias deteniendo los desalojos en los distritos de Kiboga y Mubende.126 Sin embargo los desalojos prosiguieron, y la población local denuncia que para hacerlos cumplir se envió al ejército y a la policía, junto con trabajadores que según creen habían sido contratados por la empresa.127 Tanto NFA como NFC justifican los desalojos calificando a la población de “invasores” de las tierras forestales y señalan una directiva de alto nivel que sanciona los desalojos en Mubende, pero sus argumentos son rebatidos por la población desplazada y todavía no han sido considerados en detalle por los tribunales ugandeses.128 NFC niega su participación en el proceso de desalojo y sostiene que los residentes abandonaros sus tierras de forma voluntaria. La investigación llevada a cabo por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) sobre varios casos en el África Subsahariana ha revelado que a pesar de los diversos contextos y leyes nacionales es frecuente que terminen teniendo las mismas consecuencias para las comunidades locales. Las leyes consuetudinarias, por ejemplo, raramente reciben la protección adecuada en las negociaciones sobre la tierra, a pesar del amplio reconocimiento legal de dichos derechos. Los investigadores concluyeron que “los resultados son sorprendentemente similares, a pesar de la gran variedad de marcos legales e institucionales existentes que protegen los derechos consuetudinarios y regulan la adquisición de tierras a gran escala.”129 De forma similar, la empresa plantadora de palmas aceiteras PT. MAS se aprovechó de las inconsistencias en las políticas sobre tierras de Indonesia.130 El sistema de tenencia de la tierra Dayak, en Kalimantán Occidental, se rige por la ley adat (consuetudinaria): aunque la tierra pertenezca a la comunidad, los individuos pueden obtener derechos de usufructo. Las lindes individuales no están delimitadas, sino que permanecen en la memoria y los derechos pasan de generación en generación. En Sanggau Regency, el gobierno local ha calificado una tercera parte de la tierra como izin lokasi, que es la tierra de la que las compañías pueden convencer a las comunidades de que se desprendan. Esto muchas veces se ha traducido en que algunos líderes comunitarios han sido utilizados por las compañías o por las autoridades locales para convencer - o coaccionar- a las familias con el fin de que cedan sus tierras.131 En la 31 práctica, esto implica que a menudo el jefe de la comunidad indígena (el Kepala Adat), la autoridad local, y la segunda autoridad reciben un salario mensual de la compañía productora de aceite de palma. ‘En consecuencia, -señala la ONG Sawit Watch, “los jefes de la localidad y las autoridades en realidad no representan a la comunidad, sino a la compañía en contra de su propia comunidad.” Las negociaciones sobre transacciones de tierras se desarrollan rápido y a puerta cerrada. Pero el secretismo y la prisa no son buenos amigos de los buenos tratos. En lugar de precipitarse a firmar contratos, los gobiernos deberían promover un debate público intenso y transparente sobre el futuro de la agricultura en sus países. Lorenzo Cotula, IIED.132 Sin poder recurrir En la práctica, las personas aceptan un acuerdo que sea, en la jerga de la teoría de la negociación, mejor que la que consideran como su Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado (BATNA, por sus siglas en inglés).133 Si una mujer que se dedica a la pequeña agricultura, cuyos derechos sobre la tierra están amenazados, considera que puede obtener un trato mejor por otra vía, ya sea mediante la violencia o a través de un tribunal, no aceptará un acuerdo negociado. Sin embargo, si percibe que no tiene otra opción es probable que acceda a cualquier propuesta. Si sabe que sus derechos sobre la tierra son frágiles y que los tribunales son corruptos e ineficaces, y que además puede recibir agresiones por parte de la policía o de matones a sueldo, no tendrá mejor opción que aceptar. Así lo ilustran las respuestas de los pobladores de uno de los casos que Oxfam investigó, ante la pregunta de si habrían aceptado en caso de haberles ofrecido una compensación. Todos respondieron que hubieran aceptado, sin conocer siquiera el contenido de la oferta. Resulta vital fortalecer los derechos de las mujeres productoras agrícolas y los de otros productores de alimentos a pequeña escala, así como su acceso a la justicia. Posibilitar que quienes resultan afectados por los acuerdos de adquisición de tierras tengan la opción de dar (o no) su consentimiento libre, previo e informado garantizará que conozcan sus derechos y que sean capaces de defenderlos. Por el contrario, la ausencia del imperio de la ley y del acceso a la justicia puede desembocar en un violento conflicto – ya sea provocado por los intereses económicos de las élites o por las comunidades en defensa de su tierra. Las comunidades lucharán cuando algo tan esencial como su tierra se vea amenazado; su tierra es la pieza clave de sus medios de subsistencia, de su identidad y de su supervivencia. 32 4 ¿Qué está fallando a escala internacional? Los casos aquí analizados están relacionados con los mercados internacionales mediante la financiación y el intercambio comercial. Allí donde fallan los mecanismos de rendición de cuentas nacionales y locales, existen mecanismos internacionales que deberían evitar estos abusos o prácticas irresponsables. Pero, ¿están funcionando estos mecanismos? Instrumentos de derechos humanos Las convenciones sobre derechos humanos contienen normas claras respecto a las negociaciones de adquisición de tierras a gran escala. Dichas normas son aplicables no sólo a los gobiernos receptores, sino también a las grandes compañías que compran o invierten en dichas operaciones, así como a los gobiernos de los países de origen donde los inversores están establecidos.134 Sin embargo, el sistema de derechos humanos suele fallar a la hora de ofrecer mecanismos prácticos y eficaces que permitan a los particulares y a las comunidades exigir responsabilidades a las empresas y gobiernos de origen. Algunas regiones (África, Europa y América) tienen tribunales regionales de derechos humanos que permiten a los particulares y a las comunidades presentar demandas contra los gobiernos. Estos instrumentos se han probado, si bien con escasa frecuencia, en el terreno de las operaciones de empresas extrajeras. • La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una larga jurisprudencia sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y en algunos casos ha dictaminado que los estados no han cumplido con su obligación de obtener un consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.135 Por ejemplo, en un caso apoyado por el socio de Oxfam Forest Peoples’ Programme, la corte falló que el Gobierno de Surinam debería volver a revisar y considerar las concesiones madereras y mineras.136 • La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dictaminó a favor de los derechos sobre la tierra de las comunidades pastorales de Endorois en Kenia, tras un conflicto con el gobierno por el establecimiento de un coto de caza en sus tierras.137 33 Es importante que se desarrolle la labor del sistema legal internacional, con el fin de proteger los derechos sobre la tierra y que las comunidades afectadas sean capaces de utilizar los sistemas que ya existen. La causa fundamental del problema de las empresas con los derechos humanos reside en los vacíos de gobernanza creados por la globalización - entre el alcance y el impacto de las fuerzas y actores económicos y la capacidad de la sociedade para gestionar sus consecuencias adversas. Estos vacíos de gobernanza facilitan el ambiente de permisividad para acciones perjudiciales de toda clase por parte de las compañías, sin la adecuada sanción o compensación. Cómo estrechar y en última instancia cubrir estos vacíos en relación a los derechos humanos es nuestro mayor desafío. John Ruggie Representante Especial del Secretario General para los Derechos Humanos y Transnational Corporations and Other Business Enterprises. Aunque estos dictámenes han sentado precedentes importantes, son raras excepciones, y en los casos expuestos en este informe los tribunales no han sido de gran ayuda. Proteger, respetar y remediar Con el fin de proponer medidas para cubrir el vacío de gobernanza en la aplicación de los principios de derechos humanos a las operaciones empresariales, el Secretario General de Naciones Unidas designó a John Ruggie, quien recientemente ha concluido su sexto año de mandato, como Representante Especial para los Derechos Humanos y las Corporaciones Multinacionales y otras Empresas. Aunque durante su mandato se ha creado un marco general de actuación y una serie de Principios Orientadores, ahora suscritos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aún tiene que establecerse algún mecanismo de seguimiento.138 Lo que se conoce como el Marco de la ONU se basa en el ideal de “proteger, respetar y recurrir”. Los Estados tienen el deber de proteger a las personas frente a cualquier violación de sus derechos humanos cometida por terceros, incluyendo a las empresas; las corporaciones tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos; y la población debe tener acceso real a los recursos judiciales.139 El marco y sus principios identifican los roles que deben desempeñar las empresas para cumplir con sus obligaciones, internacionalmente reconocidas, en materia de derechos humanos: • Identificar, prevenir y mitigar el impacto adverso de sus operaciones sobre los derechos humanos; • Prestar la debida diligencia en relación al impacto adverso sobre los derechos humanos que la empresa pueda ocasionar a través de sus propias actividades, o que pueda estar directamente relacionado con sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones de negocios (en otras palabras, una empresa debe asumir responsabilidades sobre toda su cadena de suministro) • Hacer pública la forma en que la compañía aborda este impacto sobre los derechos humanos; y • Dar acceso a las víctimas a recursos legales efectivos.140 Las empresas cuyo modo de operar se describe en este informe están aún muy lejos de cumplir con estas obligaciones. Los gobiernos de origen El Marco de la ONU también subraya la importancia de la supervisión del Estado, incluyendo la supervisión de las empresas que operan en el extranjero. Apela a los gobiernos a ofrecer recursos legales 34 eficaces para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos por parte de las empresas. Los inversores a menudo se aprovechan de la presencia débil o inexistente de la administración en el ámbito nacional para adquirir tierras. Para abordar esto, los países de origen (donde los inversores están establecidos) deberían establecer normas legales más estrictas y mecanismos de salvaguarda para las empresas, independientemente de dónde operen, para promover la transparencia, regular las prácticas comerciales y hacer posible que las comunidades encuentren algún recurso legal. Transparencia Las provisiones legales sobre transparencia son importantes en el contexto del acaparamiento de tierras, porque los detalles sobre las inversiones (como quién está detrás, a quién se ha informado, qué cantidad de tierra se ha arrendado o comprado y por cuánto tiempo) no suelen estar nada claros. La falta de transparencia limita tanto la participación de los grupos de la sociedad civil en la negociación y puesta en práctica de los acuerdos como la capacidad de los actores locales para responder a los nuevos desafíos y oportunidades. Además, debilita su poder de negociación. En este momento, para las comunidades locales (y sus aliados nacionales e internacionales) resulta difícil averiguar quién financia o gestiona realmente una inversión en tierras, y a qué cuerpo normativo está sujeto. Actualmente, los regímenes legales en los principales Estados de origen no exigen transparencia con respecto a las inversiones en tierras y recursos acuíferos en los países en desarrollo, La Ley DoddFrank (2010) en Estados Unidos crea nuevas obligaciones con respecto a la transparencia de las inversiones, pero se circunscribe a las industrias extractivas.141 Los esfuerzos por promover la transparencia en el ámbito internacional pueden suponer un paso importante, siempre y cuando se extraigan las lecciones del impacto limitado de otras iniciativas, como la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés). Aunque la EITI merece reconocimiento por haber habilitado un espacio para las organizaciones de la sociedad civil nacional y haber contribuido a clarificar los flujos financieros, su impacto es limitado, dado que tiene carácter voluntario. Las obligaciones que establece también excluyen detalles acerca de los contratos o la transparencia en torno a las consultas previas a la formalización de los contratos. Mientras, algunas iniciativas de la sociedad civil están contribuyendo a sacar a la luz lo que sigue siendo un negocio con mucho secretismo.142 Prácticas empresariales Aunque las leyes para promover la transparencia en los Estados de origen son escasas, ya han entrado en vigor algunas medidas que regulan las inversiones en el extranjero y las prácticas de las empresas. En Estados Unidos, existe la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) de 1977 y la Ley Dodd-Frank de 2010, mientras que el Reino Unido introdujo en 2010 la Ley contra el Soborno. Estas leyes establecen obligaciones respecto a las prácticas empresariales de las empresas estadounidenses y del Reino Unido en el extranjero. La FCPA, por ejemplo, contiene una cláusula anti-soborno que puede ser pertinente en casos de inversiones controvertidas en tierras, debido al modo 35 posiblemente corrupto en el que se llevan a cabo muchos acuerdos. Esta ley es única, pues convierte las inversiones en el extranjero en materia legal también en Estados Unidos (donde con frecuencia están establecidas las empresas) en lugar de ser competencia exclusiva de los países receptores, donde las instituciones judiciales y otros mecanismos de cumplimiento normalmente no están lo bastante desarrollados. Estándares de inversores y sectores Aunque resulta difícil consensuar y aplicar unos instrumentos de defensa de los derechos humanos que ofrezcan protección eficaz contra el abuso de poder de las empresas, existen otras iniciativas que pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de cubrir el vacío de gobernanza en el ámbito mundial - tanto a corto plazo, con mecanismos eficaces para regular las acciones de las empresas, como a largo plazo, como base para una futura gobernanza internacional. Concretamente, las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales143 han recibido el apoyo de gobiernos, organizaciones sindicales y muchas ONG (Oxfam entre ellas). Las Directrices se aplican a todas las empresas establecidas en los países de la OCDE involucradas en actividades transnacionales, y se basan fuertemente en el trabajo de John Ruggie sobre derechos humanos. Obligan los gobiernos a participar en el establecimiento de Puntos Nacionales de Contacto para gestionar las demandas presentadas por las partes interesadas en relación con los supuestos incumplimientos por parte de una empresa en particular, y ofrecen a las comunidades afectadas por el tipo de proyectos aquí expuestos la oportunidad de presentar una demanda. Hasta la fecha, se han presentado más de 200 casos a través de este mecanismo. Además de esto, existen regulaciones, normas y mecanismos que se han desarrollado dentro del propio sector privado, en el ámbito de la empresa o de un sector determinado, y en ocasiones como iniciativas de múltiples partes interesadas (MSI, por sus siglas en inglés). Las empresas que han integrado completamente prácticas mejoradas en sus operaciones y estrategias empresariales suelen ser la fuerza impulsora de las iniciativas sectoriales voluntarias para adoptar e implementar estándares comunes. Entre estos estándares están los Principios del Ecuador, que promueven mecanismos de salvaguarda sociales y medioambientales para el sector financiero, y los Principios y Criterios de la Mesa Redonda para la Producción Sostenible de Aceite de Palma (RSPO, por sus siglas en inglés) que rigen la producción y el procesado del aceite de palma. Las MSI sólo pueden desempeñar un papel limitado para cubrir el vacío de gobierno creado por la globalización, dado que sólo pueden influir en sus miembros e, indirectamente, en sus socios comerciales. Sin embargo, pueden desempeñar un papel crítico a la hora de fomentar un clima que conduzca a la introducción de normas legales vinculantes, tanto internacionalmente como en el ámbito nacional en los países afectados. Algunas de ellas disponen de mecanismos de reclamación que pueden constituir herramientas muy útiles para las comunidades afectadas 36 Estándares y reglas para los inversores La CFI cuenta con criterios estrictos para determinar en qué proyectos invertir – entre ellos, que incluyan consultas con la comunidad y mecanismos de salvaguarda sociales y medioambientales. Actualmente, muchas otras instituciones financieras públicas y privadas consultan estos estándares de desempeño144 que, por ejemplo, constituyen las bases de los Principios del Ecuador.145 Las instituciones financieras internacionales, las industrias extractivas y los directivos de fondos de inversión socialmente responsables han expresado en los últimos años un creciente apoyo al principio del consentimiento libre, previo e informado. Como ha observado la CFI, el debate entre las instituciones internacionales sobre este principio ha pasado de que se discuta sobre si debería o no aplicarse a que se delibere sobre cómo debería implementarse.146 La CFI también cuenta con un mecanismo accesible de atención a reclamaciones, a través de su Asesor en Cumplimiento y Defensor del Pueblo (CAO, por sus siglas en inglés),147 que ayudó a las comunidades de Kalimantan Occidental, Indonesia, a resolver el contencioso que mantenían con la compañía plantadora de palmas aceiteras Wilmar (ver el Cuadro 6). Sin embargo, a pesar de este éxito, pocas organizaciones de la sociedad civil han acudido al CAO o a los paneles de reclamaciones de otros inversores.148 Cuadro 6: Una reclamación puede dar resultado: El caso Wilmar Desde la década de 1980, el Grupo del Banco Mundial ha invertido, a través de la CFI, más de 2.000 millones de dólares en promover el comercio internacional de aceite de palma. Una de las compañías que ha recibido fondos de la CFI es el Grupo Wilmar, con sede en Singapur. Al igual que otras empresas, el Grupo Wilmar ha sido acusado de acaparamiento de tierras, deforestación extensiva, y abusos generalizados contra los derechos humanos en Kalimantan Occidental. Un miembro de la comunidad de Dusun Sajingan Kecil, en Desa Semanga, Kalimantan Occidental, aparece citado en el primer informe de sostenibilidad 149 de Wimar (de 2009): “A comienzos de 2005, estábamos trabajando en el bosque y vimos cómo estaban destruyendo la vegetación. Cuando intentamos averiguar quién estaba haciendo aquello, descubrimos que eran de PT ANI [PT Agro Nusa Investama, una filial de Wilmar que opera en Kalimantan Occidental]… Perder la tierra es perder nuestro medio de subsistencia. El líder de nuestra comunidad se reunió con el director de la finca. Nos dijeron que la compañía no sabía que la tierra nos pertenecía. Pedimos que la compañía dejara de arrasar todo y restaurase la zona deforestada, pero no lo hicieron y no pudimos encontrar una solución.” En 2007, los grupos de la comunidad interpusieron una reclamación formal ante el CAO, basada en la inversión de la CFI en la línea de producción de Wilmar.* Las comunidades expresaron una serie de cuestiones preocupantes, entre ellas la apropiación de tierras de la poblaciones indígenas sin su consentimiento, la tala ilegal de tierras, la deforestación y el no establecimiento por parte de Wilmar de las zonas de pequeñas propiedades que se habían acordado. 37 El CAO pudo saber que Wilmar reconocía haber desarrollado su proyecto en las tierras de estas comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado, y que esto (entre otras de las cuestiones planteadas) debía resolverse. El posterior proceso de resolución de la disputa concluyó en 2008 con la negociación de acuerdos entre Wilmar y más de 1.000 miembros de la comunidad de Kalimantan Occidental. Los acuerdos incluían indemnizaciones por las tierras, la devolución de 1.699 hectáreas de tierra forestal comunal y la asignación de fondos para el desarrollo en cada comunidad. Wilmar también accedió a implementar un enfoque revisado para afrontar conflictos relacionados con la tierra y conflictos sociales, y ha anunciado que está trabajando para incorporar el principio de consentimiento libre, previo e informado a todas sus operaciones. Se ha puesto en marcha un proceso de seguimiento de estos acuerdos. Los asuntos relacionados con los procesos de aprobación local y derechos sobre las tierras al parecer constituyen un tema preocupante para todo el sector. El Grupo del Banco Mundial en su conjunto ha revisado su estrategia respecto al aceite de palma, mediante un proceso mundial de consultas durante el cual se ha producido una moratoria en todas las inversiones para producir aceite de palma. El análisis revela que la tenencia y el cambio de uso de la tierra son esenciales para un enfoque responsable en el sector del aceite de palma. También reconoce el papel fundamental de una gobernanza fuerte en la tenencia de la tierra para contrarrestar los enormes incentivos económicos para la expansión a gran escala. Esta revisión también dio lugar a la promoción de inversiones en ‘tierras degradadas’ en lugar de bosques comunales o tierras para agricultura de subsistencia, y se propuso un cambio hacia inversiones que beneficien a los pequeños propietarios y propietarias. El desafío de exigir responsabilidades a las empresas sigue siendo enorme: Wilmar por sí sola ha informado de que está involucrada en resolver 43 conflictos en Kalimantan y 5 en Sumatra. La ONG indonesia Sawit Watch efectúa el seguimiento de unos 600 conflictos relacionados con el aceite de palma. * La reclamación recibió el apoyo, entre otros, de Oxfam, Sawit Watch, y Forest Peoples Programme. Fuentes: Forest Peoples Programme, material publicado en la CFI, http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/international-finance-corporation-ifc (útima consulta en julio de 2011); Wilmar International Ltd (2009) ‘Sustainability Report’, Singapur: Wilmar International Ltd, pp.52, 53-54, 56; CAO (2009) ‘Final Ombudsman Assessment Report, March 2009, on the Complaint from Communities in Kalimantan and Civil Society in relation to activities of the Wilmar Group of Companies’, Washington, D.C.: Oficina del Asesor en Cumplimiento/Defensor del Pueblo (CAO); CAO (2007) ‘Preliminary Stakeholder Assessment, November 2007, Regarding Community and Civil Society concerns in relation to activities of the Wilmar Group of Companies’, Washington, D.C.: Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO); Comunicaciones privadas con Sawit Watch (www.sawitwatch.or.id – última consulta julio de 2011) Desde el punto de vista de Oxfam, el fracaso de los estándares y normas internacionales para proteger a las comunidades de los impactos devastadores del acaparamiento de tierras150 queda demostrado con el caso de NFC en Uganda. NFC ha recibido el apoyo de las inversiones de instituciones financieras internacionales y bancos, cuyos procesos de diligencias debidas parecen no haber funcionado en este sentido. La CFI revisó las operaciones de NFC en Mubende como parte de su debido proceso por los 7 millones de dólares que invirtió en Agri-Vie, un fondo de renta variable privado que invierte en agroindustria y cuya cartera incluye a NFC. Por una parte, la CFI concluyó que NFC había sido incapaz de aplicar 38 completamente los principios que deben guiar un reasentamiento según los Estándares de Desempeño de la CFI sobre adquisiciones de tierra y reasentamientos involuntarios. Estos estándares reconocen que la adquisición de tierras y las restricciones en el uso de la tierra relacionadas con el proyecto pueden tener un impacto negativo sobre las comunidades que hacen uso de la tierra, y por lo tanto exige que las comunidades afectadas reciban una compensación, sean reubicadas y se restauren sus medios de vida.151 Sin embargo, al tratarse de un caso de asentamiento gubernamental, y dado que desde el punto de vista de la CFI NFC ha demostrado “haber realizado todos los esfuerzos posibles por involucrarse y colaborar con la agencia gubernamental”, la CFI se ha mostrado satisfecha con el grado de cumplimiento de los estándares por parte de NFC, que los ha respetado “hasta donde lo permitió el Gobierno.”152 La evaluación de la CFI no incluye las operaciones de NFC en Kiboga. El Banco Europeo de Inversión (BEI), la institución financiera de la UE, también cuenta con unos Principios y Estándares Medioambientales y Sociales para los proyectos que financia. El BEI financió la ampliación de las operaciones de NFC en Namwasa por medio de un préstamo de 5 millones de euros más un subsidio en forma de donación por 650.000 euros para financiar el trabajo de responsabilidad social corporativa (RSC) de la empresa. Al igual que la CFI, el BEI también apoya indirectamente a NFC mediante una inversión de 12 millones de dólares en el fondo de renta variable AgriVie. El BEI dice que era consciente de las disputas por la tierra entre las comunidades y NFC, así como del riesgo que planteaban al proyecto. Además, también dice que, independientemente del resultado del proceso legal en curso, está satisfecho con la evaluación del impacto ambiental del proyecto y cree que NFC ha actuado de acuerdo con sus derechos. Considera que el proyecto está completamente en línea con sus principios y estándares medioambientales y sociales, que incluyen un estándar sobre reasentamientos involuntarios que exige que “a las personas cuyos medios de vida resulten afectados negativamente por un proyecto se les deberán mejorar sus medios de vida o al menos restaurárselos y/o compensarlas adecuadamente por cualquier pérdida en que se incurra”.153 De nuevo, el BEI no parece haber evaluado las operaciones de NFC en Kiboga. El banco HSBC ha invertido aproximadamente 10 millones de dólares en NFC, es propietario del 20% de la empresa y además tiene un puesto en su junta directiva. HSBC condicionó su inversión en NFC a que la empresa progresase adecuadamente en su proceso de certificación con FSC.154 Además, HSBC cuenta con políticas de sostenibilidad para los “sectores sensibles”, entre ellas una política sectorial sobre tierras y productos forestales, y afirma que NFC cumple con los requisitos de sostenibilidad del banco para este sector.155 Sin embargo, las políticas de HSBC (y las de sus inversores) se basan sobre todo en la garantía proporcionada por la confirmación independiente de entidades externas como FSC, y desde el punto de vista de Oxfam este caso muestra serias deficiencias en esos procesos de confirmación independiente, como se ha explicado anteriormente. En el caso de HSBC, la confianza en la certificación de FSC es especialmente preocupante dado que el banco, miembro de la junta directiva, era consciente de la existencia de causas judiciales contra NFC reclamando los derechos legales sobre la tierra de las plantaciones. 39 Cuadro 7: Una nueva ola de financiación: invertir sin intervenir Cada vez más, la tendencia en la CFI es la de de inyectar fondos a través de intermediarios financieros (IF), tales como fondos privados de renta variable o bancos, en lugar de gestionar los fondos y las inversiones directamente. En el año fiscal de 2010, los créditos a través de IF representaron la mitad del total de nuevos compromisos de proyectos de la CFI. Oxfam considera que los estándares de desempeño de la CFI deberían aplicarse de forma contundente a todos los sub-proyectos realizados a través de IF. La concesión de créditos por parte de la CFI carece de transparencia y no presta suficiente atención a las cuestiones sociales y medioambientales, delegando prácticamente toda la valoración, el seguimiento y la supervisión en los IF. Las comunidades afectadas no siempre son conscientes de que en realidad la CFI está detrás de la financiación del proyecto, y por tanto no suelen hacer uso de sus mecanismos de reclamación. En el caso de NFC en Uganda, la CFI brinda su apoyo a través de un fondo de renta variable privado que invierte en agroindustria, llamado Agri-Vie, cuya cartera incluye a NFC. Agri-Vie dice que todas las empresas en las que invierte deben cumplir con los Estándares de Desempeño de la CFI, y que llevó a cabo el debido proceso antes de invertir en NFC; opina que NFC 156 cumple totalmente con todos los estándares de desempeño de la CFI. Sin embargo, estos estándares no han logrado proteger los medios de vida de las personas desplazadas en Kiboga y Mubende. Oxfam considera que la CFI, aunque ha retrocedido un paso a través del intermediario AgriVie, la CFI debe revisar el caso y asumir responsabilidades por cualquier fallo en su los procesos de seguimiento y en su debido proceso. Si se identifican deficiencias, no deberían permitir que vuelvan a producirse en el futuro. Fuentes: Bretton Woods Project / ULU Foundation (2010) ‘Out of sight, out of mind? IFC investment through banks, private equity firms and other financial intermediaries’, http://www.brettonwoodsproject.org/art-567190 (última consulta en julio de 2011); Bretton Woods Project (2011) ‘IFC standards revision leaves out human rights’, http://www.brettonwoodsproject.org/art-567600 (última consulta en julio de 2011) . Estándares en las cadenas de valor Las personas y las comunidades afectadas podrían también acudir a otros actores de la cadena de valor (principalmente a aquéllos que están hacia abajo) a los que pueden recurrir. Los mecanismos de reclamación del FSC y de la RSPO podrían ofrecer a las comunidades afectadas algunas vías para presentar recursos en los casos expuestos en este informe.157 El FSC certifica las inversiones que se ajustan a buenas prácticas operacionales en los ámbitos laboral, social y medioambiental. En 2010, el FSC certificó aproximadamente 120 millones de hectáreas en unos 80 países en todo el mundo – lo que equivale aproximadamente al cinco por ciento de la producción forestal mundial. Aunque los principios y criterios de FSC exigen la protección de los derechos locales de tenencia, uso y acceso a la tierra, la certificación de las operaciones a veces se queda corta en este requisito, como en el caso de la plantación de NFC en Mubende, que ha sido certificada por FSC a pesar de que a juicio de Oxfam se han ignorado estos derechos. Por ejemplo, el Principio 2 de FSC sobre derechos y responsabilidades de tenencia y uso exige que “se utilicen los 40 mecanismos adecuados para resolver las disputas sobre tenencia de la tierra y derechos de uso” y establece también que “las disputas de magnitud importante, que involucren un número de intereses significativo habitualmente implicarán que la operación no pueda ser certificada.” El Principio 4, sobre relaciones con la comunidad y derechos laborales, exige que se apliquen mecanismos adecuados “para proporcionar una compensación justa en caso de pérdida o daño que afecte a los derechos legales o consuetudinarios, los recursos o los medios de vida de la población local158.” Una auditoría de supervisión para FSC en la plantación de NFC en Mubende, realizada por la consultora SGS en junio de 2010, concluyó que ‘la empresa ha utilizado medios pacíficos y actuado de forma responsable para resolver el asunto de la invasión y actualmente no existen disputas sobre los derechos de tenencia y/o uso de la tierra de una magnitud lo suficientemente importante como para afectar a las actividades de la empresa’. SGS también afirma que la validez de los casos judiciales es ‘altamente dudosa’.159 La base para esta afirmación no está clara para Oxfam y en vista de los casos judiciales pendientes, que afectan a más de 20.000 demandantes, y de los informes de las comunidades en lo que afirman no haber recibido compensación alguna por la pérdida de sus propiedades y medios de vida, Oxfam no ve cómo se han respetado los Principios 2 y 4 de FSC. La RSPO, una iniciativa de múltiples partes interesadas que se puso en marcha en 2004, reunió a productores de aceite de palma, procesadores, comercializadores, fabricantes de bienes de consumo, minoristas, bancos, inversores y ONG medioambientales y sociales, para desarrollar e implementar estándares mundiales para un aceite de palma sostenible. Unilever, Nestlé, McDonalds, y Burger King ya han declarado que para 2015 todo el aceite de palma que utilicen en sus procesos de fabricación se obtendrá de forma responsable. A pesar de ciertos éxitos en la mejora de las prácticas de algunas empresas productoras de aceite de palma en el Sudeste asiático, RSPO aún no ha logrado llegar a muchas otras compañías productoras que operan en la región. Y todavía tiene menos influencia en las nuevas regiones emergentes de cultivo de palma aceitera como el África Occidental y América Latina. Cuadro 8: Inversiones responsables en agricultura: ¿Hay que impulsar o no más transacciones de tierras? A pesar de la controversia generalizada entre los observadores, el Banco Mundial y tres organizaciones de la ONU (FAO, FIDA y UNCTAD) están promoviendo un nuevo conjunto de principios, los Principios para una Inversión Internacional Responsable en la Agricultura, para fomentar que las empresas inviertan en tierras de forma responsable. Estos principios promueven que las empresas respeten los derechos locales, garanticen la transparencia y actúen de un modo más respetuoso desde el punto de vista social y medioambiental. Hay quienes aseguran que sus principios están orientados a contribuir a erradicar los perjudiciales acuerdos sobre megaexplotaciones. Y otros están completamente convencidos de que los principios contribuyen a legitimar el acaparamiento de tierras y facilitar “que a largo plazo las empresas (extranjeras y nacionales) arrebaten las tierras de cultivo a la población rural”. 41 Sea cual sea su intención, estos principios no sólo son más frágiles que cualquiera de las otras normas mencionadas en este documento (sin ir más lejos, los propios Estándares de Desempeño del Banco Mundial), sino que además están tan lejos de su implementación que no pueden considerarse una respuesta seria a los problemas urgentes, acuciantes y generalizados aquí descritos. Fuentes: Knowledge Exchange Platform for Responsible Agro-Investment (RAI), http://www.responsibleagroinvestment.org/ (última consulta en Julio de 2011); GRAIN (2011) ‘It’s time to outlaw land-grabbing, not make it responsible!’, Barcelona: GRAIN, http://www.grain.org/o_files/RAI-EN.pdf (última consulta en julio de 2011)) Políticas perversas Algunas políticas nacionales e internacionales, aunque bien intencionadas, en la práctica contribuyen a socavar los derechos sobre la tierra de las comunidades locales, ofreciendo incentivos que incrementan la presión sobre la tierra o dando cobertura a inversiones muy perjudiciales. Con el objetivo de moderar las emisiones de carbono, Estados Unidos y la Unión Europea (entre otros) han introducido durante la pasada década medidas en relación con los biocombustibles. Estas medidas se han tomado a pesar de que la aportación de los biocombustibles a la reducción de las emisiones últimamente se está cuestionando seriamente, y de que la producción de biocombustibles está cada vez más ligada al incremento de los precios de los alimentos y a la presión sobre la tierra.161 En efecto, la elevada demanda de biocombustibles está provocando un aumento de las inversiones perjudiciales en tierras. Otro ejemplo es el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU (MDL) uno de los instrumentos creados por el Protocolo de Kioto para facilitar el mercado del carbono.162 La Junta Ejecutiva del MDL ha registrado como proyecto de reducción de emisiones una instalación de biogás de la Exportadora del Atlántico en Honduras, perteneciente a Dinant, lo cual permite a la compañía vender en el mercado créditos de carbono certificados.163 Las aproximadamente 200.000 toneladas de créditos de reducción de emisiones que Dinant espera realizar para 2017 le podrían reportar varios millones de dólares a la empresa. La solicitud de Dinant ante el MDL fue aceptada, a pesar de la intervención de dos grupos defensores de los derechos humanos, FIAN y CDM Watch, que documentaron desalojos violentos y violaciones de los derechos humanos164 en relación con el proyecto en el Valle de Bajo Aguán165 y a pesar de la preocupación expresada por el Gobierno de Reino Unido, la Asociación de los Mercados e Inversores del Carbono166 y EDF Trading, que se retiró de un acuerdo para comprar Reducciones Certificadas de Emisiones (CER) del proyecto. La Junta Ejecutiva del MDL explicó que las cuestiones relativas a los derechos humanos no entran dentro de los parámetros de su mandato en lo relativo a las decisiones sobre el reconocimiento de los créditos de carbono.167 NFC también pretende lograr créditos de carbono del MDL por su plantación en el distrito de Mubende, en Uganda, y ha alegado su certificación FSC para obtenerlos. Como se ha señalado anteriormente, Oxfam tiene serias dudas acerca del proceso de certificación de FSC.168 CDM Watch estaba en lo cierto al expresar su preocupación. La junta llevó a cabo una investigación y tras muchas consideraciones concluyó que la consulta cumplía con los requisitos del MDL bajo los parámetros de su mandato. Compete a Honduras resolver las disputas pendientes por la tierra y asumir responsabilidades por la violencia en la región. Martin Hession, Presidente de la Junta Ejecutiva de MDL160 42 Existen más de tratados 2.500 de protección de las inversiones bilaterales (BIT por sus siglas en inglés) que protegen a los inversores de posibles cambios en las políticas de los gobiernos del país receptor, y que pueden limitar la capacidad de los países de regular las inversiones de forma efectiva.169 La posibilidad de que los inversores recusen las políticas públicas mediante procedimientos de arbitraje en virtud de los BIT debilita la capacidad de los países en desarrollo para regular su sector alimentario, sus tierras y sus recursos hídricos, así como para adoptar políticas que fomenten la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. 43 5 La tierra es poder – social, político y económico… y la sociedad civil debe fortalecerlo continuamente. Jill Carr-Harris, Ekta Parishad, India. Cultivar la justicia La nueva demanda de materias primas agrícolas en el mercado mundial podría ofrecer oportunidades a las comunidades locales en áreas de creciente interés para los inversores. Sin embargo, en este momento suponen más un riesgo que una oportunidad para las comunidades. El equilibrio de poder debe inclinarse a favor de quienes resultan más afectados por los acuerdos sobre la tierra. El derecho de las comunidades a conocer y decidir debe ser respetado por todas las partes involucradas. Existe un imperativo claro para actuar a diferentes niveles, tanto para garantizar que este cambio estructural se produzca como para resolver los conflictos que surjan de los tipos de acuerdos sobre la tierra que se han descrito. Recomendaciones Las reclamaciones de las comunidades afectadas en los casos analizados deben resolverse • Se deben respetar los derechos de las comunidades afectadas negativamente por el acaparamiento de tierras, y sus reclamaciones deben ser escuchadas y abordadas de forma imparcial, de acuerdo con la legislación nacional y los estándares internacionales. • Quienes financian y se abastecen de los proyectos de adquisición de tierras, ya sean nacionales o internacionales, deben utilizar su influencia para garantizar que esto sea así. Lo mismo aplica a las empresas situadas por debajo en la cadena de valor. No es aceptable que éstas simplemente salgan corriendo, retirando su apoyo y lavándose las manos respecto al problema. Se debe inclinar la balanza de poder a favor de las personas y comunidades locales con derechos sobre la tierra Los gobiernos deben: • Adoptar los estándares internacionales de buena gobernanza en relación a la propiedad de la tierra y la gestión de los recursos naturales. Las directrices voluntarias sobre tenencia de la tierra, bosques y pesca, actualmente en discusión en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), representan una oportunidad para lograrlo. Los gobiernos de los países que reciben las inversiones y las autoridades locales deben promover un acceso equitativo a la tierra y proteger los derechos de las personas. Deberían: • Considerar una moratoria en la transferencia de derechos sobre la tierra hasta que se haya establecido nacionalmente una mejor gobernanza de la tierra y protección de los derechos. 44 • Respetar y proteger todos los derechos existentes de uso de la tierra, y garantizar y verificar que las personas y comunidades locales con derechos sobre ella dan su consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar los acuerdos sobre tierras o asignar concesiones. • Garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos de acceso y control sobre la tierra que los hombres, en toda la legislación relevante (incluyendo las leyes familiares). • Exigir que se haga pública toda la información respecto a los proyectos agrícolas a gran escala, incluyendo los detalles de los contratos. • Insistir en que los inversores lleven a cabo evaluaciones completas del impacto social y ambiental, incluyendo evaluaciones de los impactos sobre la seguridad alimentaria local y nacional. • Implementar políticas agrarias orientadas hacia las personas que viven en la pobreza, y tener en cuenta la redistribución de la tierra. • Prohibir o desincentivar la transferencia de los derechos sobre la tierra de los pequeños propietarios y propietarias, así como de los derechos comunales sobre la tierra. • Diseñar e implementar mecanismos de compensación que sean justos y eficaces, para procesar y resolver las disputas por la tierra. • Facilitar y apoyar el escrutinio de los proyectos agrícolas y de su impacto sobre las comunidades locales por parte de los miembros del parlamento o de asambleas locales, grupos de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros. • Apoyar a los productores y productoras de alimentos a pequeña escala, invertir y fomentar su organización, de manera que tengan una posición más fuerte para enfrentarse al acaparamiento de tierras. Los inversores que operan los proyectos agrícolas deben: • Respetar todos los derechos existentes sobre el uso de la tierra, y buscar el consentimiento libre, previo e informado de las personas y comunidades locales con derechos antes de participar en ninguna actividad relacionada con la tierra. • Evitar la transferencia de derechos sobre la tierra (incluyendo la tenencia consuetudinaria) desde los productores y productoras de alimentos a pequeña escala y en su lugar involucrar a los pequeños propietarios y propietarias, proponiéndoles contratos justos. • Llevar a cabo y guiarse por evaluaciones completas del impacto social y ambiental, incluyendo evaluaciones de los impactos sobre la seguridad alimentaria local y nacional, antes de participar en ninguna actividad relacionada con la tierra. 45 Las empresas que invierten en agricultura y que compran los productos agrícolas (intermediarios y procesadores) deben asumir la responsabilidad por lo que sucede en su cadena de valor. Deberían: • Exigir a los proveedores y clientes que se adhieran a los principios descritos anteriormente. Deberían examinar a sus clientes/proveedores y resolver los casos en los que haya pruebas de prácticas irresponsables. • Los inversores, incluyendo las instituciones públicas financieras internacionales (tales como la CFI y el BEI) deben adherirse a estándares y salvaguardas sociales y ambientales estrictos. Éstos deben también aplicarse a los sub-proyectos ejecutados a través de intermediarios financieros. • Diseñar e implementar mecanismos de compensación justos y eficaces. Los gobiernos de los países de origen deben asumir la responsabilidad de las acciones de sus empresas en el extranjero.Deberían: • Exigir la total responsabilidad en la cadena de suministro de las empresas registradas, y exigir también que todas las operaciones agrícolas que financian, o de las que se abastecen se adhieran a los principios antes enunciados. • Exigir que las compañías y las instituciones públicas financieras den a conocer toda la información, incluyendo la relativa al impacto de los proyectos sobre la tierra y los recursos hídricos. • Ofrecer mecanismos para las personas afectadas cuyos derechos han sido violados puedan exigir a las empresas inversoras o compradoras que rindan cuentas. • No negociar ni firmar acuerdos de inversión que reduzcan el derecho de los países a regular las adquisiciones de tierras o a ofrecer algún recurso legal cuando la situación es mala. • Eliminar las medidas que facilitan, incentivan o subsidian las adquisiciones de tierra a gran escala, incluyendo los mandatos de biocombustibles, y evitar la introducción de nuevas medidas. La ciudadanía puede presionar a los gobiernos y a las empresas para que aumente la justicia. Pueden: • Exigir responsabilidades a los inversores e intermediarios. • Utilizar su poder como votantes, consumidores, participantes en fondos de pensiones e inversores para estimular la acción por parte de sus gobernantes y de las compañías cuyos bienes y servicios adquieren, con el fin de contribuir a detener el acaparamiento de tierras. 46 La sociedad civil, los medios de comunicación y las universidades pueden contribuir a proteger los derechos y fomentar la transparencia. Pueden: • Dotar de mayor poder a las comunidades afectadas para que reivindiquen sus derechos frente al acaparamiento de tierras. • Utilizar mecanismos de rendición de cuentas, tales como las oficinas de Defensor del pueblo y los litigios para enfrentarse a los inversores perjudiciales. • Exponer las malas prácticas y, cuando corresponda, reconocer las buenas prácticas. • Contribuir a una mayor transparencia, compartiendo información sobre el acaparamiento de tierras con las organizaciones que están rastreando este fenómeno. Los siguientes sitios Web ofrecen más información acerca de los acuerdos sobre tierras: www.commercialpressuresonland.org www.farmlandgrab.org www.oxfam.org/crece 47 Notas 1 ILC/CIRAD Informe de síntesis en publicación acerca del Proyecto de Investigación sobre Presiones Comerciales sobre la Tierra. Las cifras en este informe se basan en una investigación en marcha realizada por el Land Matrix Partnership. Esta alianza consta de ILC, el Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (Cirad), el Centre for Development and Environment (CDE) at University of Bern, GIGA de la Universidad de Hamburgo, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y Oxfam. Desde 2009 han recopilado de forma sistemática información sobre adquisiciones de tierras a gran escala en todo el mundo. La base de datos comprende transacciones que conllevan una transferencia de derechos de uso, control y propiedad de la tierra mediante concesión, venta o arrendamiento, lo que implica normalmente la conversión de tierras utilizadas por pequeños propietarios o para servicios ambientales a un uso comercial a gran escala. Busca arrojar luz sobre los seis factores que contribuyen a esta carrera mundial por la tierra, principalmente la demanda de alimentos, combustibles, leña, secuestro de carbono, turismo y explotación minera. Actualmente incluye unos 2.000 acuerdos desde el año 2000 en adelante, de los cuales 1.100 se han verificado hasta la fecha con datos obtenidos de inventarios nacionales sistemáticos de acuerdos sobre tierras, basados en investigaciones en los países llevadas a cabo por diversas instituciones, junto a un creciente número de proyectos de investigación de postgrado y encargados. ILC (2011) ‘Tirana Declaration: Securing land access for the poor in times of intensified natural resources competition’ Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, http://www.landcoalition.org/aboutus/aom2011/tirana-declaration, (última visita en julio de 2011). L’Aquila Food Security Initiative (2009) ‘“L’Aquila” Joint Statement on Global Food Security’, G8 Summit 2009, L’Aquila: L’Aquila Food Security Initiative http://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%5B1%5D, 0.pdf (última visita en Julio de 2011); The Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP), http://www.nepad-caadp.net (última visita en Julio de 2011) Ver, por ejemplo, Oxfam (2010) ‘Think Big, Go Small: Adapting Business Models to incorporate smallholders into supply chains’ Ambrose Evans-Pritchard (2010) ‘The backlash begins against the world land-grab’, the Telegraph, 12 de septiembre, http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/7997910/The-backlashbeginsagainst-the-world-land-grab.html (última visita en julio de 2011). Citado en Robin Palmer (2011) ‘Would Cecil Rhodes have signed a Code of Conduct? Reflections on Global Land-grabbing and Land Rights in Africa, Past and Present’, document presentado en la ‘International Conference on Global Land-grabbing’, University of Sussex, 6-8 de abril de 2011. Ver Nota 1 para más detalles. Para cultivos alimentarios, forestales, ganadería, biocombustibles y otros cultivos no alimentarios. Banco Mundial (2011) ‘Rising global interest in farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?’, p.33, y p.50. Según los informes de prensa, los inversores extranjeros han expresado interés en unos 56 millones de hectáreas de tierra en todo el mundo en menos de un año. GRAIN 2 3 4 5 6 7 8 http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469382&piPK=64165421&menu PK=64166322&entityID=000334955_20110208033706 (consultado en septiembre de 2011) 9 Susan Payne, (2011), ‘Positive Impact Investing in Agriculture – Economic Prosperity in Africa from a New Green Revolution’, presentación realizada en la Cumbre de Seguridad Alimentaria (Cape Town, mayo de 2011) http://www.omegainvest.co.za/downloads/FoodSecurity-Presentations/Susan%20Payne.pdf (última visita en Julio de 2011) Varios investigadores asociados al IIED y al Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) plantearon este tipo de demandas en la Conferencia Internacional sobre acaparamiento mundial de tierras (Universidad de Sussex, 6-8 de abril de 2011), y en la Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza (Washington DC, 18-20 de abril de 2011). Ruth Meinzen Dick, del IFPRI, afirmó recientemente que “en 2009 el balance de costes y beneficios no estaba nada claro. Ahora [...] ha variado la carga de la evidencia, y les toca a los proponentes de acuerdos sobre tierras demostrar que funcionan”. Citado en The Economist, (2011) ‘The surge in land deals: when others are grabbing their land’, 5 de mayo, http://www.economist.com/node/18648855 (última visita en julio de 2011). Banco Mundial (2011), op cit, p.51 HLPE (2011), ‘Land tenure and international investments in agriculture: A report by The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition’, Roma, Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Julio de 2011, p.8. El informe de GRAIN fue el primero en señalarlo en octubre de 2008. GRAIN (2008) ‘¡Se adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008’, Barcelona: GRAIN. http://www.grain.org/article/entries/142-se-aduenan-de-la-tierra-el-proceso-de-acaparamiento-agrario-porseguridad-alimentaria-y-de-negocios-en-2008 (última visita en julio de 2011) Julie Crawshaw (2009) ‘Soros, Rogers Snapping Up Farmland On Demand Bet’, moneynews.com, 15 de Junio, http://www.moneynews.com/Markets/soros-rogers-farmland/2009/06/15/id/330897 (última visita en julio de 2011) Karen Ward (2011) ‘The world in 2050. Quantifying the shift in the global economy’, Investigación a nivel mundial de London: HSBC Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) (2006) ‘Livestock’s long shadow: environmental issues and options’, Roma: FAO, 10 11 12 13 14 15 16 48 http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.htm (última visita en julio de 2011). 17 Hasta la mitad de todos los alimentos preparados y productos de higiene en las estanterías de los supermercados contienen aceite de palma – desde la pasta de dientes hasta las galletas. WWF (2010) ‘Living Planet Report 2010. Biodiversity, biocapacity and development’, Gland: WWF, p.59. 18 19 D. Molden (ed.) (2007) Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management, London: Earthscan, and Colombo: International Water Management Institute. R. Clarke and J. King (2004) The Atlas of Water, London: Earthscan Books. http://www.bis.gov.uk/go-science/news/speeches/the-perfectstorm Action Aid ha calculado recientemente que la meta de la UE de que en 2020 el 10 por ciento de los combustibles para el transporte procedan de fuentes renovables, si se abasteciese sólo de biocombustibles requeriría hasta 17,5 millones de hectáreas (la mitad de la superficie de Italia) de tierra de cultivo en los países en desarrollo para cultivar estos biocombustibles industriales (ActionAid UK (2010) ‘Meals per Gallon: The impact of industrial biofuels on people and global hunger’, London: ActionAid UK, http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/meals_per_gallon_final.pdf, última visita en julio de 2011); Food and Agricultural Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Monetary Fund (IMF),Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Food Programme (WFP), the World Bank, the World Trade Organization (WTO), International Food Policy Research Institute (IFPRI) and the UN HighLevel Task Force on the Global Food Security Crisis (UN HLTF) (2011) ‘Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses’, Paris: OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/40/34/48152638.pdf (última visita en julio de 2011). Banco Mundial (2011) op cit ‘ La proporción de tierra destinada a la agricultura en el mundo creció constantemente desde la década de 1960, antes de llegar a un máximo del 38 por ciento a inicios del Siglo XXI. Cálculo basado en estadísticas ofrecidas por la FAO: http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx (última visita en julio de 2011). Una importante revisión concluyó recientemente que ‘deberíamos trabajar bajo el supuesto de que no hay más tierra disponible para la agricultura’. ‘The Future of Food and Farming, Final Project Report’, The Government Office for Science, Londres, pag 34 http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/foresight/docs/food-andfarming/11-546-future-of-food-and-farming-report.pdf (consultado por última vez en septiembre de 2011). Elizabeth Daley, ‘Gendered impacts of commercial pressures on land’, ILC/CIRAD/Mokoro, 2011, pag 6–8.. Esto ha sido demostrado a nivel mundial por D.Maxwell y K. Wiebe (1998) ‘Land Tenure and Food Security: A Review of Concepts, Evidence and Methods’, Research Paper No 129, Wisconsin: Land Tenure Center. También ha sido demostrado a nivel mundial por otros muchos, entre ellos: R. Singh, P. Kumar, y T. Woodhead (2002) ‘Smallholder Farmers in India: Food Security and Agricultural Policy’, Rome: FAO; R.S. Srivastava (2004) ‘Land reforms and the poor in India: an overview of issues and recent evidence’, en H. Gazdar y J. Quan (2004) ‘Poverty and Access to Land in South Asia: A study for the Rural Support Programmes Network, Pakistan’, Vol. 2: Country Studies, Department for International Development (DFID) / Rural Support Programmes Network (RSPN) / Natural Resources Institute (NRI); y H. Gazdar y J.Quan (2004) ‘Poverty and Access to Land in South Asia: A study for the Rural Support Programmes Network, Pakistan’. Vol. 1: Regional Overview. DFID / RSPN / NRI. K. Deininger (2003), ‘Land Policies for Growth and Poverty Reduction. A World Bank Policy Research Report’, Washington, DC y Oxford: World Bank y Oxford University Press. Instituto Nacional de Estadística (2003) ‘Censo Nacional Agropecuario’, Ciudad de Guatemala: Instituto Nacional de Estadística. Destacar que el coeficiente de Gini para la distribución de la tierra es un significativo 0.84. Ponencia Mujeres y Conflictividad Agraria (2011), realizada por la Alianza de Mujeres Rurales en el Primer Dialogo Nacional sobre Conflictividad Agraria del 5 y 6 de abril de 2011. Daley, Elizabeth, ‘Gendered impacts of commercial pressures on land.’ ILC, CIRAD, Mokoro, 2011, p.6-8. Tinyade Kachika (2010) ‘Land-grabbing in Africa: A Review of the Impacts and the Possible Policy Responses’, Oxford: Programa Pan Africano de Oxfam Internacional. ibid El papel de las agencias promotoras de inversión respecto a la tierra se analiza en Annie Dufey, Maryanne Grieg-Gran, y Halina Ward (eds.) (2008) ‘Responsible enterprise, foreign direct investment and investment promotion: Key issues in attracting investment for sustainable development’, London: IIED, http://pubs.iied.org/pdfs/15511IIED.pdf (última visita en julio de 2011). Transparency International (2009) ‘Global Corruption Barometer’, Berlin: Transparency International, p. 9, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009 (última visita en julio de 2011). Para el barómetro, fueron entrevistadas 73.000 personas en 69 países. Banco Mundial (2011), op. cit, p. xxxii. Access capital (2010) The Ethiopia Macroeconomic Handbook 2010, Addis Ababa: Access Capital, http://www.accesscapitalsc.com/downloads/The-Ethiopia-Macroeconomic-Handbook-2010.pdf (consultado por última vez en julio de 2011)) L’Aquila Food Security Initiative (2009) ‘“L’Aquila” Joint Statement on Global Food Security’, Cumbre del G8 de 2009, L’Aquila: L’Aquila Food Security Initiative http://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%5B1%5D, 0.pdf (última visita en Julio de 2011); The Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP), http://www.nepad-caadp.net (última visita en julio de 2011)) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 49 39 Lucia Wegner and Gine Zwart (2011) ‘¿Quién alimentará al mundo?’, Oxford: Oxfam International, http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/12323/110621_Quien_alimentara_al_mundo.pdf (última visita en julio de 2011). Richard M. Auty (1993) ‘Sustaining development in mineral economies: the resource curse thesis’, London and New York: Routledge Food Security Cluster (2010), ‘Annual Needs and Livelihood Assessment’, World Food Programme, http://www.wfp.org/countries/South-Sudan/Overview (última visita en agosto de 2011). Esta cifra está por debajo de 2009, cuando el 53 por ciento de la población se calculaba que sufría inseguridad alimentaria moderada o severa (el 21 por ciento severa). El ANLA de noviembre de 2011 se espera que identifique un deterioro de la situación respecto a 2010. 40 41 42 Aunque el acuerdo de arrendamiento está firmado por NTD, otras firmas inversoras y empresas con base en Texas están asociadas a NTD y a este acuerdo. Esto incluye la asociación entre NTD y Kinyeti Development LLC, una firma establecida en Austin cuyo director general es Howard Eugene Douglas, un anterior Embajador y Coordinador para Asuntos sobre Refugiados (1981-1985) durante la Administración Reagan (http://www.kinyeti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=79) (consultado por última vez en septiembre de 2011). Un reciente informe del Oakland Institute ofrece detalles adicionales en Internet sobre las conexiones entre firmas de inversión y empresas, sobre todo basadas en Texas y Singapur, que están asociadas a NTD. Ver sitio web de Kineyti’s (arriba) y: Understanding Land Investment Deals in Africa: Nile Trading and Development Inc., en South Sudan, Land Deal Brief, Junio de 2011 en http://media.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_Nile_Brief_0.pdf (consultado por última vez en agosto de 2011)) Según el administrador de la comunidad, “Nosotros no sabemos quién está en esa “cooperativa”, ni cómo se formó – parece que unas cuantas personas la crearon desde fuera de esta comunidad e hicieron el acuerdo basándose en ella… fue la “cooperativa”, no la comunidad, la que hizo esos acuerdos.” (Entrevista en la oficina del administrador de la comunidad, en Mukaya Payam, el 28 de julio de 2011). El Jefe Supremo parece ser tanto un perpetrador como una víctima, ya que firmó como co-signatario en representación de la comunidad de Mukaya. Sin embargo, el Jefe alega que fue engañado por miembros de su propia familia, y que él sólo firmó el arrendamiento porque pensaba que el plazo de tiempo era menor, y el tamaño también. Y afirma que si los dos miembros de la “cooperativa” no hubiesen pertenecido a su familia habría revisado los documentos más minuciosamente. (Entrevista en la oficina del administrador de la comunidad, en Mukaya Payam, el 28 de julio de 2011). “El Jefe Scoppas Lodou Torugo, James Yosia Ramadalla y Sumuel Taban Youziele. Estos tres ciudadanos, oriundos de nuestra comunidad, se reunieron con esta empresa sin consultarnos e hicieron este trato sin nuestro conocimiento. Nosotros, como ciudadanos de Mukaya, condenamos unánimemente y rechazamos el acuerdo, lo declaramos nulo, sin contenido e ilegal.” – Presidente Dickson – un sub-jefe de Payam, dirigiéndose al consejo comunitario de Juba para presentar las pruebas al CES y al Gobierno de Sudán del Sur – esta reunión tuvo lugar el 1 de agosto de 2011. Según el Presidente de la Diáspora en Juba, Mr. Bullen Soro, el resultado de la reunión entre la comunidad de Mukaya y el gobernador fue que éste los apoyaba de palabra, “si la comunidad ha rechazado el trato, él no puede imponérselo a la gente”. (Entrevista en su oficina en Juba el 29 de julio de 2011). Los cálculos con los que se trabaja localmente la cifran entre 89.360 y 210.000. La variación se debe que al número de personas retornadas crece cada año. Lomerry y Banak (2010), op. cit., p. 22 Registro de entrevistas individuales con Oxfam, Julio de 2011. NFC rebate este testimonio. Le dijo a Oxfam que ‘Ninguna persona residente que pudiese demostrar su residencia en esas tierras desde antes de 1992 ha sido expulsada de Namwasa [la plantación de Mubende]. Tras el primer proceso de evacuación, a las 31 familias que pudieron demostrar una residencia anterior a 1992 se les permitió reasentarse en la reserva hasta que sean compensadas por el Gobierno. Actualmente residen en Namwasa.’ La denuncia legal presentada por las personas desalojadas de Mubende se realizó en nombre de 1.489 familias, lo que tomando un tamaño promedio de familia de 5 miembros (según la encuesta demográfica y de salud de Uganda, 2006) equivale a aproximadamente 7.400 personas. Respecto a Kiboga, una carta de la Oficina del Primer Ministro al Ministro de Agua, Tierras y Medio Ambiente, fechada en noviembre de 2004, se refiere a 20.000 personas bajo amenaza de desalojo en el distrito de Kiboga que habían permanecido en este lugar desde inicios de la década de 1970. Las entrevistas de Oxfam con los abogados de las comunidades y con las propias comunidades sugieren que las cifras podrían ser mucho más altas. NFC basa su cálculo de personas desalojadas en Mubende en un proceso gubernamental en el que 540 familias presentaron solicitudes de compensación (aplicando un tamaño promedio de familia de 5 miembros, resultan 2.700 personas). En Kiboga, dice que un censo identificaba a 15.191 personas afectadas (aunque la empresa sugiere que puede sobreestimar la cifra real). En conversación telefónica con Oxfam el 14 de septiembre de 2011, NFC afirmó que sus cálculos dan un resultado de unas 17.800 personas (aunque tienen dudas en cuanto a la precisión del censo de Kiboga). NFC afirma que los desalojos en Kiboga comenzaron en noviembre de 2008 (escrito de NFC a Oxfam el 15 de septiembre de 2011). Basado en reuniones entre Oxfam, el Director Ejecutivo en funciones y el Director Adjunto de la NFA así como el RDC y el responsable de Recursos Naturales para el distrito de Mubende, una carta de la NFA a los abogados de los demandantes de Kiboga fechada el 1 de diciembre de 2009 confirma esta posición; una evaluación de supervisión de la plantación de NFC en Mubende, preparada para el SGS Qualifor para el Forestry Stewardship Council (FSC), señala que ‘El Gobierno, como el propietario de la tierra, indicó claramente que estas invasiones eran ilegales según la constitución y la legislación de Uganda’; La Sección 32 de la Ley Nacional Forestal y de Plantaciones Forestales de Uganda de 2003 prohíbe (excepto que sea 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 50 de acuerdo con los términos de un plan de manejo forestal o un permiso) la eliminación del bosque para construir edificios, sembrar cultivos o para el pastoreo (entre otras cosas). 53 54 Ver el sitio Web de NFC http://www.newforests.net (última consulta en agosto de 2011) Los desalojos de Mubende se describen como ‘voluntarios y pacíficos’ en el proyecto presentado por NFC a la Junta Ejecutiva del MDL (2011), ‘Project Design Document Form for Afforestation and Reforestation Project Activities (CDM-AR-PDD) Version 4’, Namwasa Central Forest Reserve Reforestation Initiative, http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/EK9VT8HIJ4AQ5NG03YCRDSFWOLZ7UP (última consulta en agosto de 2011); NFC también afirma que su proceso de consulta en Mubende fue sometido a una auditoría externa por parte de la CFI y FSC (NFC Sustainability Report FY: July 2009 – June 2010). Respecto a Kiboga, NFC dice que ‘las personas que invadieron las tierras están cooperando y han abandonado voluntariamente la reserva’ (Sustainability Report FY: July 2009 – June 2010). 55 56 Correo electronic de NFC a Oxfam, 5 de septiembre de 2011. NFC Sustainability Report FY10: July 2009- June 2010, p.14; también una declaración jurada en respuesta a la solicitud de los demandantes de medidas cautelares provisorias, realizada por un funcionario de desarrollo comunitario de NFC, refiriéndose a los demandantes como ‘invasores e intrusos en una tierra que es una Reserva Forestal Central’. Escrito de respuesta a Oxfam, del 15 de septiembre de 2011. NFC afirma que ‘las 31 familias que pudieron demostrar su residencia anterior a 1992 fueron autorizadas a reasentarse en la reserva hasta que reciban compensación del Gobierno. Actualmente residen en Namwasa’. En una conversación telefónica con Oxfam el 14 de septiembre de 2011, NFC explicó que 540 familias habían presentado solicitudes para demostrar su residencia en Mubende, pero sólo 31 familias lo habían hecho a satisfacción del Gobierno. NFC también afirma que nadie de Kiboga ha demostrado sus derechos sobre la tierra. Oxfam considera que las personas de comunidades rurales alejadas rara vez disponen de documentos legales de tenencia de la tierra, sobre todo en países como Uganda que salen de décadas de conflictos civiles en los que se han producido desplazamientos internos enormes, por eso las personas expulsadas pueden haber tenido dificultades justificadas para demostrar por cuánto tiempo han ocupado las tierras. El caso de Mubende se ha presentado en nombre de 1.489 familias (aproximadamente 7.400 personas) y el de Kiboga en nombre de 332 familias (aproximadamente 1.500 personas). Oxfam dispone de copias de las denuncias presentadas por los demandantes de Kiboga. Estos argumentos también surgieron en las discusiones en los grupos focales y las entrevistas individuales con personas desalojadas, llevados a cabo por Oxfam y sus organizaciones socias en julio de 2011. Respecto al reconocimiento gubernamental de las estructuras administrativas, Oxfam dispone de copias de la correspondencia entre los consejos locales de aldea (LC1) y el gobierno central. Oxfam dispone de copias de los escritos de alegaciones redactados por los demandantes de Mubende, así como de documentos que demuestran la asignación de tierras a los veteranos de guerra y ha entrevistado a los abogados que representan a las personas desalojadas de Mubende Estos argumentos también surgieron en las discusiones en los grupos focales y en las entrevistas individuales con personas desalojadas, llevados a cabo por Oxfam y sus organizaciones socias en julio de 2011. Oxfam ha recibido la siguiente asesoría por parte de abogados ugandeses: los requisitos para emitir una orden interina son que el asunto sea urgente para impedir un peligro y que se haya completado un requerimiento judicial, que esté pendiente. Una solicitud de requerimiento judicial se somete a tres pruebas: que exista un problema grave a resolver; un peligro inminente; y que resulte imposible compensar los daños en caso de que no se conceda el requerimiento judicial. La corte se basa para sus deliberaciones en una prueba de ‘equilibrio de conveniencia’. Los requisitos para una solicitud son bastante exigentes, pero parten de la premisa de que es necesario mantener el status quo hasta que un tribunal pueda atender y resolver la solicitud principal. Ambos, siendo remedios discrecionales, se aprobarán o denegarán dependiendo de las circunstancias particulares y de la fortaleza de los argumentos expuestos. Oxfam dispone de una copia de la Orden interina emitida por la Corte Suprema Central de Nakawa el 19 de junio de 2009 contra NFC, ‘restringiendo a los demandados, sus empleados, sus agentes, sus cesionarios y/o quienes actúen a través o en nombre de ellos, de desalojar a los demandantes y a sus familias, destruir sus cultivos, escuelas, hospitales, su infraestructura social y su ganado’. La orden de Kiboga estuvo en vigor hasta el 2 de octubre de 2009. En Mubende, Oxfam entiende que se siguió un patrón similar: los abogados que representan a la comunidad explicaron a Oxfam que se había emitido una orden interina en contra de NFC, que se amplió hasta el 18 de marzo de 2010, pero fue ignorada, tal y como se informa en The Observer (Uganda) del 11 de enero de 2010: http://www.observer.ug/index.php?option=com_content&view=article&id=6736:museveni-okays-eviction-of1500-mubende-homes&catid=78:topstories&Itemid=59 (última consulta en agosto de 2011). La orden en Mubende se emitió el 24 de agosto de 2009 y estuvo en vigor hasta el 18 de marzo de 2010; las comunidades dijeron a Oxfam en las discusiones en grupos focales y en las entrevistas individuales que la mayor parte de los desalojos se habían producido en febrero de 2010. En Kiboga, la orden se emitió el 19 de junio de 2009 y estuvo en vigor hasta el 2 de octubre de 2009; las comunidades dijeron a Oxfam en las discusiones en grupos focales y en las entrevistas individuales que los desalojos habían tenido lugar entre 2008 y julio de 2010; las denuncias en el caso de Kiboga se refieren a intentos de llevar a cabo los desalojos en 2008 y adjuntan correspondencia entre el Inspector General de Policía y el Comandante Regional de Policía para la Región Central que sugiere que también había órdenes judiciales anteriores en vigor en junio de 2008. Basado en el testimonio coherente ofrecido en las discusiones en 12 grupos focales en los que participaron 615 personas en julio de 2011 y siete grupos focales donde participaron 118 personas desalojadas en marzo de 2011 (en ambos distritos); también confirmado por las entrevistas individuales realizadas por Oxfam en marzo y julio de 2011. Basado en el testimonio coherente ofrecido en las discusiones en 12 grupos focales en los que participaron 615 57 58 59 60 61 62 63 64 65 51 personas en julio de 2011 y siete grupos focales donde participaron 118 personas desalojadas en marzo de 2011 (en ambos distritos); también confirmado en las entrevistas individuales realizadas por Oxfam en marzo y julio de 2011. Las denuncias presentadas por los demandantes apoyan estas acusaciones y se refieren a una carta enviada por el Presidente del Distrito de Kiboga al Primer Ministro, fechada el 1 de julio de 2008, en la que califica los desalojos como ‘brutales y por la fuerza’. Oxfam ha sabido que NFC denegó dichas acusaciones en una defensa presentada ante la Corte Suprema. Ver también los informes en http://www.observer.ug/index.php?option=com_content&view=article&id=6736:museveni-okays-eviction-of1500-mubende-homes&catid=78:topstories&Itemid=59, and http://www.fscwatch.org/archives/2009/09/16/Uganda__Villagers_pe (última consulta en agosto de 2011). 66 Demanda presentada por 1.489 demandantes en Civil Suit No. 164 de 2009 (Corte Suprema de Uganda Holden en Nakawa). Carta de NFC a Oxfam el 9 de septiembre de 2011. Resumen público del informe de certificación de gestión forestal para el FSC http://www.forestry.sgs.com/documents/sgs-2405-ug-new-forests-sa2010-11-ad36a-sc-psummary-en-10.pdf (última consulta en agosto de 2011). A partir de conversaciones con la empresa, Oxfam entiende que NFC quiere decir que ninguno de tales incidentes ha llamado la atención de FSC que considere importantes. Conversación telefónica con Oxfam el 14 de septiembre de 2011. Escrito de respuesta de NFC a Oxfam, 15 de septiembre de 2011; correo electrónico de NFC a Oxfam, 5 de septiembre de 2011. Escrito de respuesta de NFC a Oxfam, 15 de septiembre de 2011. Además, Oxfam entiende que NFC disputa la aplicabilidad de la orden relativa a los desalojos de Mubende basándose en que los demandantes nombraron de forma incorrecta a la empresa en su solicitud. La orden se emitió para restringir a Namwasa New Forest Company Uganda Ltd. NFC adoptó el punto de vista legal de que, como resultado, ‘la orden no se podía aplicar en contra del demandado’. Basado en que ninguna de las 615 personas que participaron en los 12 grupos focales de discusión en julio de 2011 ni ninguna de las 118 personas desalojadas que participaron en los siete grupos focales de discusión en marzo de 2011 había recibido compensación ni había escuchado de ninguna otra persona desalojada que la hubiese recibido. Oxfam admite que si las comunidades no tenían derechos legales sobre la tierra que ocupaban, puede que no tuviesen legalmente un derecho a compensación. Sin embargo, los tribunales aún no han decidido acerca de la legalidad de que las comunidades permanezcan en las tierras. .Por otro lado, los Estándares de Desempeño de la CFI establecen que debe darse una consulta informada y compensaciones, incluso en el caso de expropiaciones legales. Algunas personas desalojadas en Mubende afirman que a principios de 2010 el Comisionado Residente del Distrito les dio instrucciones de abrir cuentas bancarias con el fin de recibir las compensaciones. Oxfam ha visto documentación que demuestra que las cuentas se abrieron pero nadie dijo haber recibido ningún depósito en julio de 2011. NFC afirma que la RDC hizo ofertas de compensación al tiempo que solicitaba a los ministerios realizar los pagos, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. En una entrevista grabada, un líder comunal de Kibaga relató a Oxfam cómo el presidente del consejo distrital solicitó a NFC que identificase tierras para el reasentamiento y que NFC propuso los términos de la oferta. Oxfam dispone de una copia de las actas de una reunión entre NFC y funcionarios del distrito (donde la comunidad no estuvo representada) que parece apoyar este testimonio: el acta registra ‘una propuesta para demarcar una superficie de un mínimo de una y un máximo de dos millas cuadradas – un tamaño a decidir tras los resultados de una encuesta a la población financiada con 7 millones de chelines ugandeses aportados por NFC – que se designaría como un área que podría ser utilizada por los ocupantes históricos bajo solicitud de un permiso de ocupación temporal emitido por la Autoridad Nacional Forestal por 5 años de duración, período durante el cual se encontrarán soluciones a largo plazo a la invasión’. Ver también NFC Sustainability Report FY2010, p.13: ‘la forma más fácil y barata para nosotros habría sido pagar una compensación pero el Gobierno, el propietario de las tierras, nos lo impidió al decir que establecía un precedente peligroso para otros conflictos con comunidades en cientos de otras propiedades del Gobierno.’ Carta de NFC a Oxfam el 9 de septiembre de 2011, que afirma que es ilegal para un inversor privado arrendar tierra CFR para ofrecer o prometer compensación. Conversación telefónica con Oxfam el 14 de septiembre de 2011. Informe de regreso a la oficina presentado a la CFI por R. Novozhilov en marzo de 2010. ‘Sawit’ significa palma de aceite. M. Colchester et al (2006) Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia – Implications for Local Communities and Indigenous Peoples. Forest Peoples Programme and Sawit Watch Correo electrónico de Sime Darby a Oxfam, 22 de agosto de 2011 Correo electrónico de Sime Darby a Oxfam, 22 de agosto de 2011 Sawit Watch, entrevista en agosto de 2011. Durante la RSPO RT5 tuvieron lugar una serie de reunions entre Dao’Azhar, president de la plantación SynergyDrive y el personal, con representantes de SPKS, Sawit Watch y la ONG holandesa Both ENDS. Las actas sobre esas reuniones (redactadas por Sawit Watch y Both Ends) muestran que la discusión en torno a los planes de expansión de PT MAS III provocaron tensiones sociales. Los líderes del pueblo y de las comunidades expresaron opiniones diversas en cuanto a si se debían detener los planes de expansión. Desde 2007 estos planes están suspendidos, no detenidos, y la tensión social persiste. Las actas de la reunión dicen: ‘A partir del 21 de noviembre de 2007 se debe suspender de inmediato la expansión de las 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 52 plantaciones PT MAS III. El estado de los planes de expansión se decidirá durante la reunión del 15 de diciembre. La expansión sólo se permitirá que prosiga si la comunidad está de acuerdo en permitir que siga adelante’. 86 Sime Darby, “Core Businesses” http://www.simedarby.com/Core_Businesses.aspx (última visita en julio de 2011). Correo electronic de Sime Darby a Oxfam el 22 de agosto de 2011 Conclusión de la investigación propia de Oxfam, y señalado en M. Colchester et al (2006) op cit, pág 98 Fedepalma (n.d.) ‘Colombia - The Land of the Oil Palm Tree’, Fedepalma, http://www.fedepalma.org/oil_col.htm (ultima visita en julio de 2011); Mica Rosenberg (2003) ‘Colombia shifts from drugs to food in farm expansion’, Reuters, 23 de mayo http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFN194019120110523 (última visita en julio de 2011). CESPAD (2011) ‘La Reconcentración de la Tierra y la Lucha Campesina en el Bajo Aguán. Caso del MUCA Honduras’, Tegucigalpa: Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). Giorgio Trucchi (2010) ‘De nuevo corre la sangre en el Bajo Aguán’, Alba Sud, 23 de noviembre http://www.albasud.org/noticia/135/de-nuevo-corre-la-sangre-en-el-bajo-aguan (última visita en julio de 2011). BBC News (21 de agosto de 2011), ‘Honduran farm workers' leader killed amid land tensions.’ http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-14609778 (última visita en agosto de 2011); Association of World Council of Churches Related Development Organizations in Europe (APRODEV), Copenhagen Initiative for Central America (CIFCA), FIAN, International Federation for Human Rights (FIDH), Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA), Via Campesina (2011) ‘Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán. Informe Preliminar de la Misión de Verificación Internacional Realizada del 25 febrero a 4 marzo de 2011’, 25 de marzo, http://www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/hondurasviolaciones-de-derechos-humanos-en-el-bajo-aguan/pdf (última visita en julio de 2011). El Environmental & Social Review Summary de la CFI sostiene que “La adquisición de tierras se basa en la voluntad de quien compra y quien vende, y no hay ningún desplazamiento involuntario de personas”. http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/ESRS27250 (última visita en agosto de 2011) http://www.edftrading.com/pressReleases.aspx?m=19&amid=2021 (última visita en agosto de 2011). FIAN (2011) ‘German development bank withdraws Dinant finance in response to human rights violations in Bajo Aguán, Honduras’, Heidelberg: FIAN, http://www.fian.org/news/press-releases/german-developmentbank-withdraws-dinant-finance-in-response-to-human-rights-violations-in-bajo-aguan-honduras (última visita en julio de 2011) ; El Heraldo, 13 de abril de 2011. Otros grupos campesinos con problemas de conflictos por la tierra en el Valle de Aguán son el Movimiento Amplio Reivindicador del Aguán (MARCA) y el Movimiento Campesino del Aguán, (MCA). Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) (2005) ‘Propuesta de Reforma Agraria Integral’, Ciudad de Guatemala: CNOC Estadísticas proporcionadas por FAO (FAOSTAT, 2010), citadas por Alberto Alonso-Fradejas en la Coordinadora Nacional de ONG y Cooperativas (IDEAR COONGCOOP) (2010) ‘Revista Territorios V, Monocultivos: la cara agraria del nuevo modelo extractivista en América latina’, Guatemala City: IDEAR CONGCOOP. UN General Assembly Human Rights Council (2010) ‘Report of the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter, Addendum: Mission to Guatemala’, A/HRC/13/33/Add.4, New York: UN, http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20100305_a-hrc-13-33-add4_country-missionguatemala_en.pdf (última visita en julio de 2011). Ibid. Alberto Alonso-Fradejas (2007) ‘Caña de Azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y dominio en Guatemala’, Guatemala: IDEAR-CONGCOOP. ‘Subastarán fincas y activos del ingenio Chabil Utzaj’, (2010), El Periodico, 6 August, http://www.elperiodico.com.gt/es/20100806/economia/168283 (última visita en agosto de 2011). GIDHS (2011), Equipo de Trabajo de Relevamiento de Derechos Humanos en Guatemala, ‘Informe Polochic Marlin’. Barcelona: Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, Agosto de 2011. Sierra de las Minas es una Reserva de la Biosfera de la UNESCO. GIDHS (2011), op.cit.; CIFCA (2011), carta al Jefe del Servicio de Asuntos Exteriores Europeo, Petros Mavromichalis , 23 de marzo. Fernando Quiñónez (2011), ‘Grupo Pellas compra ingenio y creará 2 mil empleos’, siglo21.com.gt, 21 de junio de 2011, http://www.s21.com.gt/pulso-economico/2011/06/21/grupo-pellas-compra-ingenio-creara-2-milempleos (última visita en agosto de 2011). Carta de NFC a Oxfam el 9 de septiembre de 2011. Basado en el testimonio de las discusiones en 12 grupos focales en los que participaron 615 personas en julio de 2011 y siete grupos focales donde participaron 118 personas desalojadas en marzo de 2011 (en ambos distritos); también confirmado por las entrevistas individuales realizadas por Oxfam en marzo y julio de 2011. Además, los alegatos y las declaraciones juradas en apoyo al caso de Mubende se refieren a la pérdida de medios de vida provocada por los desalojos y alegan que ‘las escuelas y centros de salud fueron cerrados por los acusados y/o por sus agentes y trabajadores’ y que ‘nuestros niños ya no van a la escuela por falta de dinero’. 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 53 108 109 110 Conversación telefónica con Oxfam el 14 de septiembre de 2011. Escrito de NFC en respuesta a Oxfam, 15 de septiembre de 2011. Basado en el testimonio de las discusiones en 12 grupos focales en los que participaron 615 personas en julio de 2011 y siete grupos focales donde participaron 118 personas desalojadas en marzo de 2011 (en ambos distritos); también confirmado por las entrevistas individuales realizadas por Oxfam en marzo y julio de 2011. Además, los alegatos y las declaraciones juradas en apoyo al caso de Mubende se refieren a la pérdida de medios de vida provocada por los desalojos y alegan que ‘las escuelas y centros de salud fueron cerrados por los acusados y/o por sus agentes y trabajadores’ y que ‘nuestros niños ya no van a la escuela por falta de dinero’. Consejo General de los Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU (2009) ‘Report of the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter. Addendum: large-scale land acquisitions and leases: a set of minimum principles and measures to address the human rights challenge’, A/HRC/13/33/Add.2, New York: Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre otros acuerdos, se refiere a; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Observación general sobre el derecho a una vivienda digna, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y a varios instrumentos de la OIT en materia de derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo.. Christina Hill, Serena Lillywhite y Michael Simon (2010) ‘Guide to Free Prior and Informed Consent’, Carlton, Victoria: Oxfam Australia, http://www.oxfam.org.au/resources/filestore/originals/OAUsGuideToFreePriorInformedConsent-0610.pdf (última consulta en julio de 2011). Kachika (2010), op. cit. NFC Sustainability Report FY10: July 2009- June 2010, pp.14 y 60. Basado en el testimonios de las discusiones en 12 grupos focales en los que participaron 615 personas en julio de 2011 y siete grupos focales donde participaron 118 personas desalojadas en marzo de 2011 (en ambos distritos); también confirmado por las entrevistas individuales realizadas por Oxfam en marzo y julio de 2011. Carta de NFC a Oxfam el 9 de septiembre de 2011. Durante una conversación telefónica con Oxfam el 14 de septiembre de 2011, NFC explicó que la encuesta había identificado a 15.191 individuos pero que no se había entregado ningún informe final y que NFC tiene dudas respecto a su precisión. Basado en testimonios orales recogidos en siete grupos focales en Julio de 2011 y entrevistas con testigos realizadas por Oxfam en Julio de 2011. USAID (diciembre de 2010) ‘Land Tenure Issue in Southern Sudan: Key Findings and Recommendations for Sothern Sudan Land Policy’ http://blog.usaid.gov/2011/08/helping-south-sudan-establish-secure-land-tenure/ Land Act Ch. IX, § 63(3)); Local Government Act Ch. IX, § 89; Land Act Ch. X, § 67; Land Act Ch. XI, § 70(1) Sudán promulgó en 2009 una Ley sobre la tierra y el gobierno local, tras firmarse el contrato con NTD. La nueva ley requiere la consulta con la comunidad antes de ceder la tierra a un inversor, consulta con los grupos de pastores con derechos secundarios de acceso, y evaluaciones del impacto medioambiental y social. Ninguno de los casos expuestos en este informe fueron analizados en el informe de IIED. L. Cotula (2011) ‘Land deals in Africa: What is in the contracts?’ London: IIED, http://pubs.iied.org/pdfs/12568IIED.pdf (última consulta en julio de 2011) Ibid. ’El síndrome del perro del hortelano’, Diario El Comercio (Peru), 28 October 2007 http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html (última consutla agosto de 2011). La metáfora del perro del hortelano viene de una fábula griega que cuenta la historia de un perro tumbado en un huerto que no comía de su fruto pero que impedía que el caballo comiese nada. O. de Schutter, (2010) ‘Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Mission to Guatemala’, UN OHCHR, P.8, http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20100305_a-hrc-13-33-add4_countrymission-guatemala_en.pdf (última visita en julio de 2011). No hay razones para pensar que los “varios casos” a los que se refiere el Informe del Relator Especial incluyan casos donde está involucrada la familia Widmann o Chawil Utz’aj. Ver la nota 56 Basado en testimonios de 12 grupos focales en los que participaron 615 personas en julio de 2011 y siete grupos focales de discusión en los que participaron 118 personas en marzo de 2011; también confirmado por entrevistas personales realizadas por Oxfam en marzo y julio de 2011. Oxfam además vio fotografías de los cultivos destruidos y los daños al ganado en Kiboga, que los entrevistados dijeron que se habían producido durante los desalojos. Aunque se habían dictado órdenes judiciales en contra de NFC (la NFA y otras partes fueron añadidas como demandadas por la denuncia de Kiboga en julio de 2009), los líderes comunales relataron a Oxfam que habían hecho notar la existencia de estas órdenes a las autoridades locales, entre ellas la policía. La orden en Mubende se amplió hasta el 18 de marzo de 2010; pero las comunidades dijeron a Oxfam en las discusiones en grupos focales y entrevistas individuales que la mayor parte de los desalojos habían tenido lugar en febrero de 2010 y las declaraciones juradas en apoyo a los alegatos se refieren a desalojos en julio de 2009. En Kiboga, la orden estuvo en vigor hasta el 2 de octubre de 2009; y las comunidades dijeron a Oxfam en las discusiones en grupos focales y en las entrevistas individuales que los desalojos habían tenido lugar entre 2008 y julio de 2010. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 54 129 L. German, G. Schoneveld, and E. Mwangi (2011) ‘Processes of Large-Scale Land Acquisition by Investors: Case Studies from Sub-Saharan Africa’, informe presentado en la International Conference on Global Land Grabbing, University of Sussex, 6–8 Abril de 2011. Entrevista de Oxfam con miembros de la comunidad. Esta es una práctica común en la adquisición de tierras en Indonesia (ver M.T.Sirait, (2009). Indigenous Peoples and Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia. Amsterdam University y Cordaid. Cotula (2011), op. cit. R. Fisher y W. L. Ury (1981) ‘Getting to YES: Negotiating Agreement Without Giving In’, London: Penguin. de Schutter (2009), op. cit. W. Kalin and J. Kunzli (2009) The Law of International Human Rights Protection, New York: Oxford University Press. The Association of Indigenous Village Leaders in Suriname, The Association of Saramaka Authorities, and The Forest Peoples Programme (2009) Un informe sobre la situación de los pueblos indígenas y tribales en Surinam y comentarios en los informes periódicos de Surinam 11 y 12, http://archive.forestpeoples.org/documents/s_c_america/suriname_cerd_ngo_shadow_rep_feb09_eng.pdf (última consulta en agosto de 2011); Lehr, A.K. and G.A. Smith (2010) ‘Implementing a Corporate Free, Prior, and Informed Consent Policy: Benefits and Challenges’, Boston and Washington: Foley Hoag, 130 131 132 133 134 135 136 http://www.foleyhoag.com/NewsCenter/Publications/eBooks/Implementing_Informed_Consent_Polic y.aspx?ref=1 (última consulta en agosto de 2011) 137 Case 276/03 Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (on behalf of Endorois Welfare Council) / Kenya (2009) African Human Rights Case Law Analyser, http://caselaw.ihrda.org/doc/276.03/ (última consulta en agosto de 2011) Ibid. Ibid. J. Ruggie (2010) ) ‘Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. Business and human rights: further steps toward the operationalization of the “protect, respect and remedy” framework’, A/HRC/14/27, abril de 2010, UN OHCHR, http://198.170.85.29/Ruggie-report-2010.pdf (última consulta en agosto de 2011) La ley Dodd-Frank ordena una transparencia sin precedentes para las inversiones de las industrias extractivas. En particular, cualquier compañía que figure en una lista pública en Estados Unidos debe revelar los pagos en concepto de ingresos realizados sobre la base de país a país en todo el mundo. En segundo lugar, las compañías que extraigan coltán y algunos otros minerales preciosos del Congo o países circundantes deben hacer públicas sus actividades. Tales como el Land Matrix; GRAIN’s http://www.farmlandgrab.org (última consulta en agosto de 2011); http://www.commercialpressuresonland.org/ , ILC (última consulta en agosto de 2011) http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html (última consulta 19 de septiembre de 2011). CFI (2011) ‘Press Release: IFC Updates Environmental and Social Standards, Strengthening Commitment to Sustainability and Transparency’, Washington, D.C.: CFI, 12 de mayo Para detalles sobre los Principios del Ecuador ver http://www.equator-principles.com/ (última consulta en agosto de 2011) La CFI declara que : ‘Existe un creciente consenso entre las instituciones de desarrollo en torno a la necesidad de un consentimiento libre, previo e informado. Progresivamente, otros intermediarios financieros (como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo o el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola), asociaciones de industrias (como por ejemplo, la Hydropower Association) y mesas redondas han adoptado o están considerando adoptar [el principio] (CFI (2010) ‘Progress Report on IFC’s Policy and Performance Standards on Social and Environmental Sustainability and Access to Information Policy’, Washington, D.C: World Bank, 1 de diciembre). Para detalles sobre el Asesor en Cumplimiento y Defensor del Pueblo (CAO) de la CFI ver: http://www.caoombudsman.org/ (última consulta en agosto de 2011) Desde 1999, el CAO ha tramitado 76 reclamaciones (de las 127 reclamaciones presentadas) referentes a 48 proyectos diferentes de CFI/ MIGA en 28 países. Ver http://www.caoombudsman.org/documents/CAO_10Year_AR_web.pdf (última consulta en agosto de 2011) Wilmar (2009) ‘Sustainability Report’, p. 56, Singapore: Wilmar International Ltd http://www.wilmarinternational.com/sustainability/resources/Wilmar%20SR%202009_single.pdf, p. 56 (última consulta en agosto de 2011) La forma en que Oxfam define el acaparamiento de tierras se presenta en la página 7 de este informe. IFC, Policy on Environmental and Social Sustainability, 1 de enero de 2012 Informe de regreso a la oficina, R. Novozhilov, CFI, marzo de 2010 y carta de IFC a Oxfam, 13 de septiembre de 2011 EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards, 2009 y carta del BEI a Oxfam, 12 de septiembre de 2011 SGS Qualifor 2010, Forest Management Certification Report, Doc No. AD36A-08. See: http://www.forestry.sgs.com/documents/sgs-2405-ug-new-forests-sa2010-11-ad36a-sc-psummary-en-10.pdf. 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 55 155 SGS Qualifor 2010, Forest Management Certification Report, Doc No. AD36A-08 (see: http://www.forestry.sgs.com/documents/sgs-2405-ug-new-forests-sa2010-11-ad36a-sc-psummary-en-10.pdf) y NFC Sustainability Report FY10: July 2009 – June 2010. Carta de Agri-Vie a Oxfam, 12 de septiembre de 2011 Las iniciativas de múltiples partes interesadas pueden también desempañar un papel fundamental en la introducción de unas normas con fuerza legar en el ámbito nacional en los países afectados. . Para más detalles sobre los principios y criterios de FSC ver http://www.fsc.org/1093.html (última consulta agosto de 2011). Carta de NFC a Oxfam el 9 de septiembre de 2011. Recharge (julio de 2011), “Call for ban on suspect carbon projects after human rights fears”. http://www.rechargenews.com/business_area/politics/article268541.ece (última consulta en agosto de 2011) T. Rice, (2010) ‘Meals per gallon: The impact of industrial biofuels on people and global hunger’, London: Actionaid, http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/meals_per_gallon_final.pdf (última consulta en agosto de 2011); R. Bailey, (2008) ‘Otra verdad incómoda. Cómo los biocombustibles están agravando la pobreza y acelerando el cambio climático, Informe 114 de Oxfam, Oxford: Oxfam. http://www.oxfam.org/es/policy/otraverdad-incomoda (última consulta en agosto de 2011) Recharge (July 2011), “Call for ban on suspect carbon projects after human rights fears”. http://www.rechargenews.com/business_area/politics/article268541.ece (última consulta en agosto de 2011) Para más información sobre el MDL ver http://cdm.unfccc.int/ (última consulta en agosto de 2011) UNFCCC, Project 3197: Aguán biogas recovery from Palm Oil Mill Effluent (POME) ponds and biogas utilisation - Exportadora del Atlántico, Aguán/Honduras, http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEVSUED1260202521.42/view (último acceso septiembre de 2011). Ver la nota 65 and CDM Watch (2011) Press Release, ‘EU action required as UN Panel keeps flawed rules of carbon offsetting scheme in place’, 18 de julio, www.cdm-watch.org/?p=2187 (último acceso septiembre de 2011). FIAN / CDM Watch (2011) ‘United Nations under Pressure to Denounce Human Rights Abuses in Carbon Offsetting Scheme’, http://www.fian.org/news/press-releases/united-nations-under-pressure-to-denouncehuman-rights-abuses-in-carbon-offsetting-scheme (última consulta en agosto de 2011) Recharge (2011) op. cit. Recharge (2011), op. cit. and CDM Watch (2011), op. cit. CDM Executive Board (2011), op. cit.; ver los Estándares en las Cadenas de Valor anteriormente para una explicación sobre las preocupaciones de Oxfam acerca de la certificación de FSC a NFC. J. Perez, M. Gistelinck, y D. Karbala (2011) ‘Sleeping Lions: International investment treaties, state-investor disputes and access to food, land and water’, Oxford: Oxfam International, http://www.oxfam.org/en/grow/policy/sleeping-lions (última consulta en agosto de 2011) 156 157 158 159 160 161 161 162 163 164 165 166 167 168 169 56 © Oxfam Internacional, septiembre de 2011 Este informe ha sido escrito por Bertram Zagema. Oxfam agradece la colaboración de Duncan Pruett, Kate Geary, Rohit Malpani, Kimberly Pfeifer, Radhika Sarin, Constantino Casabuenas, Dominic Jones, Claire Mortimer, Richard King, Gine Zwart, Kelly Gilbride, Sandra Seeboldt, Isabel CrabtreeCondor, Augustino Buya, Marc Wegerif, Thur de Kuijer, Giovana Vazquez, Asier Hernandez, Raquel Checa, Yolanda Palacios, Ana Eugenia Marín y Jonathan Mazliah en su producción. Forma parte de una serie de documentos dirigidos a contribuir al debate público sobre políticas humanitarias y de desarrollo. El texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. El titular del copyright requiere que todo uso de su obra le sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. Para la reproducción del texto en otras circunstancias, o para uso en otras publicaciones, o en traducciones o adaptaciones, debe solicitarse permiso y puede requerir el pago de una tasa. Correo electrónico: publish@oxfam.org.uk. Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor envíe un mensaje a advocacy@oxfaminternational.org. La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta. Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con el ISBN 978-1-84814-972-4 en septiembre de 2011, Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, Reino Unido. Oxfam Oxfam es una confederación internacional de 15 organizaciones que trabajan conjuntamente en 98 países para encontrar soluciones duraderas a la pobreza y la injusticia: Oxfam América (www.oxfamamerica.org); Oxfam Australia (www.oxfam.org.au); Oxfam Bélgica (www.oxfamsol.be); Oxfam Canadá (www.oxfam.ca); Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org); Oxfam Alemania (www.oxfam.de); Oxfam Reino Unido (www.oxfam.org.uk); Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk); Oxfam India (www.oxfamindia.org), Intermón Oxfam (www.intermonoxfam.org); Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org); Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz); Oxfam Mexico (www.oxfammexico.org); Oxfam Novib – Países Bajos (www.oxfamnovib.nl); Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca) Miembros observadores de Oxfam: Oxfam Japón (www.oxfam.jp) Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org) Para más información, por favor llame o escriba a alguna de las agencias o visite www.oxfam.org/es Correo electrónico: advocacy@oxfaminternational.org www.oxfam.org/grow 57